TEGUCIGALPA.- Una misión de la ONU llegó hoy a Tegucigalpa para evaluar las violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado.
La delegación permanecerá en ese país hasta el 7 de noviembre próximo para preparar un informe exhaustivo de la situación por orden de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en cumplimiento de una resolución aprobada el 1 de octubre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La misión se reunirá con instancias que apoyan al gobierno de facto de Roberto Micheletti, como la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; y con organismos opositores al golpe que derrocó al Presidente Manuel Zelaya.
La misión de tres miembros llegó al mediodía en un vuelo a Tegucigalpa, pero "por razones de seguridad" no se dieron a conocer los nombres de sus integrantes, dijo la directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Reina Ribera.
Responsables de la ONU en Tegucigalpa declinaron proporcionar cualquier detalle de esta misión. "No estoy autorizado", explicó uno de ellos.
"En Honduras se está estableciendo una dictadura. Los informes de la ONU nos van a servir para sustentar nuestras acusaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional", dijo Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
Custodio, quien afirma que quienes acusan al régimen de facto de Honduras de violar los derechos humanos tienen "techo de vidrio", aseguró que esperará "a ver con qué metodología la ONU medirá la situación".
La convulsión social aumentó tras el regreso sorpresivo de Zelaya a Honduras hace cuatro semanas, cuando se refugió en la embajada de Brasil, lo que desató manifestaciones en favor y en contra del golpe.
Aunque oficialmente se reconocen cuatro muertes de manifestantes opositores al golpe hasta el momento, el Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras habla de al menos 12 fallecidos, y Pavón precisó que 25 personas fueron heridas de bala por las fuerzas de seguridad en las protestas.
Micheletti restableció los toques de queda y emitió un decreto hace tres semanas para suprimir libertades civiles, al amparo del cual reprime manifestaciones opositoras y cerró los dos únicos medios opuestos al régimen, la Radio Globo y el Canal 36 de televisión.
Poco antes de que llegara una misión de la OEA a abrir un diálogo entre Zelaya y el gobierno de facto, Micheletti derogó el decreto, pero las medidas siguen vigentes porque la derogatoria no ha sido publicada en el diario oficial.
"La imagen que la dictadura quería dar era que el país estaba volviendo a la normalidad, pero siguen aplicando el decreto", dijo Juan Barahona, coordinador del Frente de Resistencia contra el Golpe, que organiza protestas nocturnas en los barrios de la capital y otras ciudades para eludir la represión policial.
Hace dos días, Human Rights Watch denunció que los gobernantes de facto bloquean la investigación de los abusos, por lo que "se burlan de la ley".
La CIDH, en una visita a Honduras en agosto, confirmó "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".
