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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 16:42
RÍO DE JANEIRO.- El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil pidió hoy que el gobernador de Brasilia, el líder opositor José Roberto Arruda, salpicado por denuncias de corrupción, sea investigado con serenidad antes de ser sometido a un proceso político destinado a despojarlo del mandato.
La solicitud de serenidad fue hecha por el presidente del PT, diputado Ricardo Berzoini, un importante aliado y correligionario del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ante las peticiones de sectores políticos para que la Asamblea Legislativa abra de inmediato un proceso político para destituir al gobernador.
Arruda es el principal blanco en una investigación de la Policía Federal contra una red acusada de promover fraudes en contratos públicos de la gobernación de Brasilia para repartir recursos entre los diputados que apoyan al gobernador del Distrito Federal.
La investigación fue hecha pública el viernes con un operativo en que la Policía Federal allanó varias residencias y oficinas de colaboradores del gobernador de Brasilia para buscar pruebas contra la red de corrupción.
La divulgación de las acusaciones y de los indicios ya recogidos por la Policía Federal llevaron a diputados del propio PT a pedir un juicio político contra Arruda, que es el único gobernador regional con que cuenta el conservador y opositor partido Demócratas (DEM).
El DEM es uno de los principales partidos de oposición al Gobierno de Lula y en diferentes ocasiones ha solicitado procesos políticos contra el mandatario por simples sospechas de corrupción contra sus correligionarios.
"No defiendo un proceso político para despojar del mandato a Arruda. Defiendo que las investigaciones sean realizadas con serenidad y sin bajezas", afirmó Berzoini en un mensaje en su Twiter.
La regional en Brasilia del Colegio de los Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués) ya anunció que está analizando el contenido de las investigaciones de la Policía Federal para establecer si hay elementos para solicitar la apertura de un juicio político destinado a despojar a Arruda de su mandato.
En la llamada Operación Pandora, realizada por la Policía Federal el viernes, fueron confiscados documentos, memorias de computador y dinero en efectivo en 28 diferentes locales en las ciudades de Brasilia, Goiania y Belo Horizonte.
La operación, que movilizó a 150 agentes federales, fue ordenada por el Superior Tribunal de Justicia luego de que la policía detectara indicios de que altos funcionarios de la gobernación de Brasilia recibieron coimas de empresas que se adjudicaron millonarios contratos con el gobierno regional.
Según escuchas telefónicas, los recursos de procedencia ilegal también fueron distribuidos entre diputados regionales que apoyaban las iniciativas del gobierno de Brasilia en la Asamblea Legislativa.
Parte de las denuncias fue hecha por el hasta ayer secretario de Relaciones Institucionales de Brasilia, Durval Barbosa, que aceptó colaborar con la policía a cambio de beneficios judiciales tras enterarse de que venía siendo investigado por corrupción.
El portavoz en el Senado del DEM, José Agripino, fue el primero en salir en defensa de Arruda.
"No conozco las denuncias. Sé que son sobre licitaciones y que implica a los secretarios. Por tanto, hasta que surjan nuevos hechos, el partido mantiene la confianza en su gobernador,” dijo Agripino el viernes, citado por la estatal Agencia Brasil.
