BOGOTÁ.- Dos organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuestionaron un informe del gobierno colombiano que asegura que en el país solamente hay 79 secuestrados, frente a datos de entidades que ubican la cifra por encima de 3.000 personas, según declaraciones de directivos conocidas hoy.
La cifra del gobierno, contenida en un informe que será presentado la próxima semana, corresponde a un análisis del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), adscrito al Ministerio de Defensa, que dice haber actualizado las estadísticas de los últimos años.
Según el director del organismo, Harlan Henao, de 2.800 casos registrados en 2007 hay 1.148 personas libres, 211 muertas, 614 casos están por definir y 744 denuncias no correspondían a secuestros sino a desapariciones forzadas, mientras que los restantes casos se registraron desde enero de 2009 hasta febrero pasado.
El funcionario comentó que de la base de datos del gobierno fueron borradas 1.148 personas porque se estableció que ya están libres y en muchos casos ni siquiera estuvieron en cautiverio.
Sin embargo, la directora ejecutiva de la Fundación País Libre, Olga Gómez, cuestionó las cifras y dijo que presentó una acción de tutela (amparo judicial) para que el gobierno entregue los soportes de la depuración de las estadísticas.
"A los secuestrados los desaparecieron en Colombia. Creemos que pasar de 2.800 a dos dígitos es algo difícil de creer (...) Eso no convence ni al país ni a la comunidad internacional. De un momento a otro, el gobierno decidió que iba a hacer una depuración y sacó un informe traído de los cabellos", dijo Gómez al diario "El Tiempo".
Por su parte, un directivo de la Fundación Nueva Esperanza, Gustavo Muñoz, afirmó que sus registros indican que actualmente hay en el país 3.725 secuestrados.
"Para nosotros, hay 3.725 secuestrados desde 1995 hasta hoy y tenemos los soportes legales para demostrarlo. Las cifras de Fondelibertad son falsas y amañadas. Al gobierno no le conviene dar las cifras reales, porque su política de seguridad democrática pierde credibilidad", dijo Muñoz al referirse al programa de la administración del presidente µlvaro Uribe mediante la cual desde 2002 se incrementó la ofensiva contra la guerrilla.
"Los mecanismos de depuración no son convincentes. No es lógico hablar de cifras de dos dígitos, porque no es la realidad del secuestro", añadió.
Henao defendió el informe del gobierno y dijo se hizo un cruce de información con la Fiscalía General, entidades bancarias, judiciales y del sector de la salud, que demostró que muchas personas que figuraban como secuestradas hicieron trámites ante entidades públicas.
El funcionario dijo que frente a los 614 casos que están por definir hay resistencia del gobierno a catalogarlos como secuestros porque ningún grupo armado ha dicho que tenga a esas personas en su poder ni son reclamadas por sus familias.
"Eso nos indica que no están cautivos. Claro, queremos saber por qué están en la base de datos. Tenemos un reto", dijo Henao.
