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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 19:42
PARÍS.- Dos familias de víctimas de un atentado en Karachi (Pakistán) presentaron este lunes una demanda judicial contra el ex Presidente francés Nicolas Sarkozy, cuya inmunidad de jefe de Estado terminó el pasado viernes, acusándole de haber violado el secreto de la instrucción sobre el caso.
Esta primera demanda fue presentada por dos familias de víctimas del atentado perpetrado el 8 de mayo de 2002 en Karachi, en el que murieron 11 asalariados de la Dirección de Construcciones Navales francesa (DCN).
Los demandantes se basan en la declaración de la presidencia en un comunicado del 22 de septiembre de 2011 relativa a la investigación sobre la parte financiera del caso, en el que hay sospechas de financiamiento ilícito de campaña electoral a través de retrocomisiones.
En ese informe, la presidencia francesa afirmaba que respecto "al caso llamado Karachi, el nombre del jefe de Estado no aparece en ninguno de los elementos del legajo", ni "fue citado nunca por ningún testigo".
Ese comunicado fue publicado poco después de las inculpaciones sucesivas de dos allegados de Sarkozy, Thierry Gaubert y Nicolas Bazire.
Los demandantes estiman que con esas declaraciones Sarkozy violó la independencia de la autoridad judicial.
Los jueces sospechan que en este caso hubo retrocomisiones de los contratos de venta de armas que sirvieron para financiar la campaña presidencial del ex primer ministro Edouard Balladur en 1995. En la época, Sarkozy era el portavoz de Balladur.
Los jueces tratan de determinar si las comisiones pagadas al margen de contratos cerrados en 1994 con Pakistán (submarinos Agosta) y Arabia Saudita (fragatas Sawari II) dieron lugar a retrocomisiones para financiar la campaña de Balladur.
El pago de comisiones en el mercado del armamento fue legal hasta el año 2000, cuando Francia ratificó una convención internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los asalariados de la DCN muertos en el atentado de Karachi trabajaban en la aplicación de esos contratos. Una de las hipótesis de la investigación es que el atentado fue un acto en represalia por el cese del pago de las comisiones.
