SANTIAGO.- La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile expresó hoy un categórico rechazo a la propuesta de someter a plebiscito el cierre de la transición y la resolución de los problemas pendientes de derechos humanos.
Así lo manifestó su presidenta Viviana Díaz quien recalcó que el tema de los detenidos desaparecidos no puede ser definido "con un sí o un no", pues se trata de la vida de personas.
"Nosotros siempre hemos señalado que el tema de los derechos humanos no se puede plebiscitar, ese es un problema que tiene que resolverse dentro de los márgenes que existen en un Estado de Derecho. Esa es la única solución", subrayó la dirigente.
Recalcó que hay muchos asuntos que se pueden someter a plebiscito pero jamás el de derechos humanos.
"Cuando está de por medio la vida de tantos chilenos, que nunca tuvieron derecho a un juicio justo, a un debido proceso, que se les ha mantenido por tantos años sepultados clandestinamente, no puede un país decir si o no", subrayó.
Viviana Díaz hizo estas declaraciones luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, con quien analizó el proyecto de algunos parlamentarios de lograr un acuerdo político para el cierre de la transición, lo que también rechazó de plano.
El presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, afirmó estar dispuesto a trabajar en un acuerdo político con la oposición de derecha para el cierre de la transición, lo que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos ha condicionado a la solución del problema de los detenidos desaparecidos.
Viviana Díaz insistió este domingo en la necesidad de que quienes tengan alguna información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos la entreguen y también reiteró su llamado para que las Fuerzas Armadas reconozcan su responsabilidad en estos hechos.
Durante el gobierno que dirigió Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.185 corresponden a detenidos políticos cuyo paradero aún se desconoce.
Una mesa de diálogo creada en agosto pasado y que reúne a militares y abogados de derechos humanos trabaja en una fórmula que permita dar con el paradero de los desaparecidos, mientras la Agrupación de Familiares insiste en que son los tribunales los que deben resolver los casos y hacer verdad y justicia.
