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Corte de apelaciones ratificó desafuero de Pinochet

Votación fue de 13 contra 9, tal como se había anticipado. Corte informó a los abogados de las partes tras una prolongada reunión en que cada ministro presentó por escrito los fundamentos de su posición.

05 de Junio de 2000 | 13:42 | El Mercurio Electrónico
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  • SANTIAGO.- El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió oficialmente hoy por votación de mayoría, de 13 a 9, privar del fuero parlamentario al senador vitalicio Augusto Pinochet.

    Así lo informó la corte a los abogados de las partes, tras una prolongada reunión en que cada ministro presentó por escrito los fundamentos de su posición.

    De este modo los magistrados dictaminaron que se puede sostener la existencia de fundadas sospechas sobre la presunta participación del senador vitalicio en el caso de la comitiva militar que encabezó en octubre de 1973 el general (r) Sergio Arellano Stark, a la cual el ministro de fuero Juan Guzmán atribuye en su investigación 19 secuestros en Calama, Copiapó y Cauquenes.

    Los magistrados que rechazaron la petición de desafuero fueron los ministros Rubén Ballesteros, Domingo Kokisch, Alfredo Pfeiffer, Raquel Camposano, Sergio Valenzuela Patiño, Cornelio Villarroel, María Antonia Morales, Raimundo Díaz y Juan Araya.

    A favor estuvieron los ministros Carlos Cerda, Milton Juica, Sergio Muñoz, Juan González, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, Haroldo Brito, Alejandro Solís, Gabriela Pérez, Jorge Dahm, Adalís Oyarzún, Jaime Rodríguez Espoz y Sonia Araneda.

    Guzmán Tapia, que acumula 110 querellas contra el ex Mandatario, pidió en marzo a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del ex comandante en jefe del Ejército, luego de que Pinochet regresara a Chile tras estar 17 meses detenido en Londres.

    El magistrado lo vinculó con 19 casos que tipificó como secuestros. Se trata de personas que se encontraban detenidas en las ciudades citadas y que fueron sacadas de sus lugares de reclusión por la comitiva, según ha establecido el juez.

    En otros 53 casos presentados como homicidios calificados, puesto que los restos de las víctimas fueron encontrados, el ministro Guzmán consideró el decreto ley de amnistía de 1978 para no dictar procesamientos ni solicitar el desafuero del ex gobernante, aunque la V Sala de la Corte de Apelaciones desestimó esa tesis al determinar que no ha lugar a los procesamientos de los integrantes de la comitiva, por ahora.

    Con esta determinación del tribunal, será ahora la Corte Suprema la que tendrá la última palabra acerca del fuero del general (r) Pinochet.

    Gran expectación

    La resolución fue aguardada con gran expectación por integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y opositores a Pinochet, quienes celebraron con alborozo la noticia del desafuero.

    Pinochet, de 84 años, adquirió la inmunidad parlamentaria al asumir como senador vitalicio el 12 de marzo de 1998, un día después de oficializar su retirada del Ejército.

    Pero hace dos semanas, los 22 magistrados que integran la Corte de Apelaciones de Santiago se reunieron un día antes de lo previsto y realizaron la votación.

    Aunque el fallo no estaba redactado ni firmado por los jueces, la decisión fue filtrada a la prensa.

    La defensa del general en retiro anunció días atrás que recurriría el desafuero ante la Corte Suprema, última instancia jurídica que puede pronunciarse sobre este asunto.

    Los abogados de Pinochet, que disponen de un plazo de cinco días desde la notificación del fallo, sostendrán que es necesario tener en cuenta que por el deterioro de su salud no está en condiciones de afrontar un juicio, y además insistirán en que nada tiene que ver con los delitos que se le imputan.

    Tres de los 22 magistrados recomendaron que el juez Juan Guzmán encargue se le hagan exámenes médicos a Pinochet, para determinar si está en condiciones de afrontar un proceso, y otros tres magistrados votaron para que estos exámenes sean obligatorios.

    El Código de Procedimiento Penal de Chile establece que las personas mayores de 70 años sean sometidas a pruebas médico-legales para determinar si están dementes o locas, circunstancias que son consideradas eximentes.
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