SANTIAGO.- La Comisión Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE) dio a conocer la semana pasada la segunda parte del informe que midió los niveles de consumo de drogas en los menores de edad, específicamente entre los estudiantes de octavo básico y cuarto año medio. Las cifras fueron alarmantes, pues el estudio reveló que el 23.6% de los jóvenes, ha consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida.
En su empeño por combatir el consumo y el tráfico de estupefacientes en el país, el diputado Jaime Orpis, director de la casa de acogida "La Esperanza", entregó, en entrevista con El Mercurio Electrónico, algunas señales de cómo el gobierno y la sociedad chilena en su conjunto deben abordar firmemente el combate.
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El presidente del Colegio Médico planteó que el gobierno debería decretar "estado de emergencia" nacional para combatir realmente el consumo de drogas, ¿qué le parece esta iniciativa?
- Apenas conocí las cifras del CONACE, concordé que estamos frente a una emergencia nacional, fundamentalmente porque se producen tres fenómenos a escala nacional:
La región Metropolitana presenta un 50% de alumnos que reconoce haber consumido drogas alguna vez, es decir, uno de cada dos alumnos de Santiago; además porque se triplicó el consumo de la mujer, igualándose con la del hombre; y hay índices de consumo superiores al 10% en octavo básico.
Este estudio lo único que hace es reafirmar la tendencia que se observa desde hace varios años.
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Si esto ha sido así, ¿de qué manera definiría las políticas implantadas por la Concertación al respecto?
- Claramente en los gobiernos de Aylwin y Frei hubo un fracaso rotundo en las políticas de prevención del consumo de drogas. En el caso de Lagos es distinto porque está recién comenzando un periodo, por lo que tiene la oportunidad de revertir este proceso.
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¿Cómo califica las directrices que ha dado?
- No he visto ninguna hasta el momento. Lo que sí he percibido es la valentía de reconocer la magnitud del problema, pero aún así se debiera establecer una política de Estado para el combate del consumo de drogas, con planes que tengan un real impacto en la sociedad y que aborden tres temas que son inseparables: prevención, represión y rehabilitación.
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¿Hace falta un poder central más fuerte dedicado al combate de las drogas?
- Sí. Creo que debe haber un órgano central con rango ministerial, con poder, que sea capaz de abordar y dirigir políticas serias destinadas a combatir el tráfico y el consumo de drogas.
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¿Alguna propuesta en concreto para llevarlo a cabo?
- Hacer obligatoria -la prevención de drogas- desde la enseñanza básica e incorporarla dentro de la malla curricular. Ello, porque el niño es mucho más permeable al mensaje de los padres y de los profesores y, en ese sentido, uno podría esperar un cambio de hábitos a través del tiempo. Igualmente la prevención debe enfocarse hacia el segmento de riesgo de los 34 años hacia abajo; es decir, hay que prevenir tanto en las universidades como en las empresas.
Me parece fundamental aprobar lo antes posible la modificación a la ley de drogas. Soy partidario de ponerle suma urgencia a este proyecto, pues contiene una serie de herramientas que son útiles para el combate contra el consumo y el narcotráfico.
También debiera haber un enfoque fuerte en el tema de la rehabilitación, porque cuando tú tratas a una persona, no sólo se lo recupera desde el punto de vista médico, sino que también se mejora la seguridad ciudadana; pues los drogadictos o narcotraficantes son capaces de matar o robar para consumir o para mantener su negocio. Por último, debe realizarse un estudio más acucioso sobre la entrada de capitales al país, pues no es posible que nos llenemos de dinero del exterior y no sepamos su origen.
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¿Cómo ha sido la acción de los tribunales de justicia en este ámbito?
- Si bien la ley reprime fuertemente el tráfico, con penas que van desde cinco hasta quince años de cárcel, los jueces han sido reticentes a aplicar a cabalidad esta norma, pues hacen pasar a los traficantes de pequeñas cantidades como consumidores.
Con la nueva ley -que establece la figura del microtráfico- los jueces no van a tener excusa. Recuerdo que cuando vino el ministro Germán Hermosilla a la comisión de drogas el año pasado y le hicimos ver el problema del microtráfico, señaló que no podía aplicarle una sanción de cinco años a una persona que portaba una pequeña cantidad, lo que demuestra que todos los órganos encargados de velar por el bien común están fallando en su labor.
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El CONACE anunció un plan piloto para agosto y que consiste en ocupar los establecimientos en las tardes para hacer charlas y educar a los escolares, ¿qué le parece esta medida?
- Vuelvo a insistir en lo mismo. Lo fundamental es establecer de manera sistemática en la malla curricular el tema del rechazo a la droga. Además, cada uno de los involucrados debe realizar bien su papel: los tribunales de justicia, la policía, el gobierno y el ente central con poder suficiente que debiera crearse para impartir las directrices al respecto.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante estos requerimientos?
- Hasta el momento ha sido nula. Durante el gobierno de Frei jamás hubo respuesta de algo, porque creían que todas las políticas implantadas funcionaban bien. En este gobierno, la ministra Mariana Aylwin tuvo una excelente acogida respecto de la dictación del decreto que establezca la prevención de drogas en la malla curricular y la actual directora del CONACE es mucho más receptiva. Aun así, esta tarde enviaré mediante un oficio al ministro Insulza para que el gobierno establezca suma urgencia al proyecto de ley de drogas.
