SANTIAGO.- La decisión que adopte mañana la
Corte Suprema sobre los exámenes médicos o el retiro de la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet, determinará la suerte del ex Gobernante sometido desde hace 21 meses a un complicado laberinto judicial.
Aunque el presidente del máximo tribunal Hernán Alvarez, ha manifestado que su intención es agilizar lo más posible el caso, la Corte no tiene un plazo fijo para dictar el fallo.
Los escenarios que se vislumbran para mañana son 4:
1.- Que el máximo tribunal de justicia determine solicitar exámenes médicos al senado vitalicio, como una medida para "mejor resolver", con lo cual el fallo queda postergado hasta después de un completo chequeo a cargo de especialistas determinados por el tribunal.
2.- Que la Corte suprema decida ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones; con ello la solicitud de exámenes médicos "para mejor resolver" queda descartada y el proceso se remite nuevamente al ministro de fuero Juan Guzmán, quien deberá iniciar un largo juicio criminal en contra de Pinochet.
3.- Que la mayoría de los 20 ministros que integran el "Pleno" (eran 21, pero murió Roberto Dávila y el gobierno anunció que nombraría al reemplazante después de la vista de desafuero), decidan mantener el fuero parlamentario al ex comandante en jefe del Ejército. Con ello, según lo ha anunciado, la parte querellante iniciará nuevas gestiones en la Corte de Apelaciones para desaforar al parlamentario, "porque querellas hay de sobra para ello", según lo dijo uno de los abogados acusadores.
4.- La última alternativa, es que la Corte de Apelaciones no decida nada mañana, ya que no está obligada para hacerlo. Claro que es la alternativa menos posible, porque el presidente de la entidad, Hernán Alvarez, ha dicho que su idea es apurar al máximo la tramitación de este caso.
Un largo camino
Laberinto que comenzó el 16 de octubre de 1998 con su detención en Londres donde pasó 503 días bajo arresto domiciliario, a instancias del juez español Baltasar Garzón que lo acusó de graves violaciones a los derechos humanos y pidió su extradición.
El 2 de marzo de este año, el ministro del Interior británico, Jack Straw dejó a Pinochet en libertad "por razones humanitarias", en atención a su deteriorado estado de salud, confirmado por médicos británicos.
Al día siguiente, mostrando un excelente semblante y buenas condiciones físicas, pisó tierra chilena donde el Ejército lo esperó con una ceremonia, cuya pomposidad molestó al gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei e indignó a los familiares de las víctimas del gobierno que lideró entre 1973 y 1990.
En estos casi cinco meses desde el regreso a su país, el general se ha mantenido en silencio recluido en su casa y sus salidas públicas se han remitido a visitas al Hospital Militar y viajes a su casa de descanso de Bucalemu, a 130 kilómetros al oeste de Santiago.
Tras concluir el pasado viernes la vista sobre la apelación del desafuero, resuelto en fallo de primera instancia el 5 de junio pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el Caso Pinochet comienza hoy una semana crucial.
A partir del martes, los 20 magistrados del máximo tribunal deberán ratificar o rechazar la resolución del tribunal de alzada, en una decisión que constituirá otro de los hitos en torno a la situación judicial del octogenario general.
Según lo afirmó el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, es probable que el mismo martes, cuando se celebre el pleno extraordinario sobre el caso, los magistrados voten si aceptan o no que Pinochet sea sometido a exámenes médicos, petición que reiteró la defensa "como medida para mejor resolver".
Si ello ocurre, se suspende el fallo hasta que se entreguen los resultados del chequeo, que podría prolongarse por más de un mes.
En caso contrario, los supremos entrarán a discutir el fondo del asunto y la resolución se entregaría a la "máxima brevedad", esto es entre una semana y quince días si los jueces piden el expediente del caso para estudiarlo.
Según algunos analistas, la Corte Suprema confirmará el desafuero de Pinochet, pero ordenará al juez Juan Guzmán -que instruye las querellas en su contra- que le practiquen exámenes médicos para evitar el proceso penal.
De esta manera se salvaría "con dignidad", aseguran, uno de los casos más difíciles que le ha tocado resolver al poder judicial chileno.
Los querellantes, en tanto, mantienen su optimismo y les asiste la convicción de que hay "sospechas fundadas" para dar lugar al desafuero del ex Mandatario (1973-1990) por la responsabilidad en los 19 crímenes que le imputa el juez Guzmán en el caso "Caravana de la muerte", comitiva que actuó bajo su delegación personal en 1973.
Los defensores y partidarios de Pinochet se muestran más cautelosos pues han sufrido ya muchas derrotas jurídicas en estos 21 meses. Esperan, no obstante, que en el máximo tribunal prime el derecho y se revoque el desafuero que falló la Corte de Apelaciones, dictamen que tildaron de "político".
El gobierno, en boca del Presidente Ricardo Lagos ha reiterado que cada poder del Estado está haciendo su tarea.
El pasado sábado el Mandatario descartó conflictos con las Fuerzas Armadas por un eventual fallo desfavorable contra el ex jefe militar.
Agregó que cualquiera que sea lo que resuelva la Corte Suprema "lo único importante es que habremos demostrado que en Chile los tribunales funcionan y la justicia hace su tarea".
Por su parte, el obispo de la diócesis de Temuco, Jorge Hourton, dijo hoy que el senador vitalicio debe perder sus prerrogativas parlamentarias, "debe ser desaforado y luego olvidado para que muera tranquilo".
Hourton, un obispo considerado "progresista", fue Vicario de la Solidaridad que, en tiempos del régimen militar de Pinochet, desarrolló una labor importantísima en defensa de los derechos humanos.
El sacerdote añadió no tener muy claro las consecuencias de un juicio contra Pinochet, "considerando su avanzado deterioro físico, porque creo que su pena podría ser finalmente conmutada si es eventualmente condenado".
"Ya no hay más que hacer con un anciano que está medio afectado y totalmente superado", dijo el obispo.
Sobre Pinochet pesan 148 querellas, luego que las Juventudes Comunistas presentaran hoy otra por la desaparición de 137 jóvenes de esa colectividad después del golpe militar de 1973.
Sin embargo sólo por una de ellas, la referida a la muerte de 19 disidentes políticos en septiembre y octubre de 1973, días después del pronunciamiento militar de las Fuerzas Armadas contra el Presidente socialista Salvador Allende, se le pidió el desafuero al ex jefe del Ejército para que responda judicialmente por esos crímenes.
