SANTIAGO.- La Agrupación de Empleados Públicos por la Reparación Previsional calificó de falsas las declaraciones de la subsecretaria de Previsión Social, María Adriana Hornkohln, respecto a que no existía deuda previsional debido al sobresueldo que habrían recibido los empleados que se cambiaron al sistema de AFP.
Así lo señalaron a UPI los dirigentes de la agrupación al dar a conocer una encuesta aplicada por Cenda, que indica que el pago que debe hacerse a los 178.637 trabajadores que se cambiaron al sistema de AFP, de los cuales 157.202 todavía no jubilan y 21.435 ya lo hicieron, asciende a más de dos billones de pesos, unos 550 millones de dólares.
El sondeo aplicado a una muestra representativa de 3.721 empleados -el 1,0 por ciento del total- del sector público que tienen los requisitos de fecha de nacimiento, renta imponible, bono de reconocimiento y capital acumulado, demuestra, según explicó el realizador del estudio, Manuel Riesco, "que la diferencia que eso significa (el sobresueldo) no es más allá de 26.000 pesos mensuales y que el daño previsional sigue siendo prácticamente el mismo".
Riesco agregó que las cotizaciones previsionales privadas fueron menos de la mitad del sueldo líquido de ellos, lo cual fue comprobado con el cálculo de las AFP según sobrevivencia de las personas.
En ese sentido, las fórmulas empleadas arrojan una diferencia de 143.000 pesos que refleja el daño previsional promedio de los empleados que si estuvieran en el INP recibirían pensiones de 395.290 pesos mensuales y no 251.890 pesos, al cual se le restan 26.758 pesos de cotizaciones, dejando un daño neto de 116.642 pesos.
Dicha suma es equivalente a un 30 por ciento, lo cual implica un monto per cápita de 14.597.501 de pesos a reembolsarles.
En el caso de los jubilados la diferencia es más notoria en la pensión, puesto que si continuaran en el sistema de previsión estatal recibirían 436.057 pesos mensuales y no los 179.590 pesos promedio al mes que reciben de las AFP, lo cual da una diferencia mayor de 255.457 pesos a los que se descuentan 17.028 de cotizaciones, dejando un daño neto de 239.439.
Ello eleva el daño previsional de 55 por ciento, ante lo cual el Estado debería cancelarles 38.436.032 pesos.
Ante este resultado, Riesco indicó que aunque se aprecie como "exageradamente elevada" la reparación total del Fisco hacia estas personas, ella es posible y no significa un costo alto por cuanto sería aplicada en forma gradual a razón de 150 millones de dólares los primeros años.
Este monto es un equivalente aproximado al 3,0 por ciento del déficit actual del sistema de pensiones que contempla al INP, FF.AA., pensiones mínimas etc. lo cual significaría 5.000 millones de dólares por año.
Por su parte, uno de los dirigentes de la agrupación de empleados fiscales, Guillermo Peña manifestó que están en condiciones de mostrarle al Gobierno con cifras que sí puede hacerse cargo de la reparación a sus empleados sin dañar la situación económica del país.
"Nosotros le decimos al Gobierno mire, este es el minuto en que se puede hacer el pago de reparaciones sin desestabilizar la parte económica que este cuida tanto, pero si dejamos pasar más años evidentemente el grueso de gente va a ser mayor y la situación va a ser más difícil", dijo.
Agregó que con estos datos concretos y un acuerdo del sector conversarán con la subsecretaria de Previsión y con los actores que sea necesario para obtener resultados positivos y que les dé una tranquilidad a futuro.
