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Denuncian irregularidades por parte de empresa sanitaria Esval

La diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Laura Soto, denunció este viernes la existencia de irregularidades que podrían configurar un posible fraude al Fisco en un contrato efectuado por la Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval) con la empresa Lago Peñuelas S.A., dependiente de Corfo.

04 de Enero de 2002 | 22:00 | Agencias
VALPARAISO.- La diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Laura Soto, denunció este viernes la existencia de irregularidades que podrían configurar un posible fraude al Fisco en un contrato efectuado por la Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval) con la empresa Lago Peñuelas S.A., dependiente de Corfo.

Según explicó la parlamentaria, las irregularidades se generaron en septiembre de 1998, al dividirse la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso en Esval S.A. y Lagos Peñuelas S.A., constituyéndose ésta última para producir agua potable y venderla a Esval a un precio de 8,9 pesos el metro cúbico, mientras el precio a consumidores es de 400 pesos.

En estas condiciones se produce una diferencia que implica una ganancia neta de 5.000 por ciento, lo que a juicio de la diputada Soto implica un fraude que podría conformar incluso una asociación ilícita.

"El usuario paga 421 pesos, lo que significa un enriquecimiento ilícito por una parte para Esval y un detrimento de los bienes fiscales para Peñuelas S.A., que es de Corfo", sostuvo la parlamentaria.

Detalló que "se hizo un contrato de interconexión entre Peñuelas y Esval que significaba 29 pesos el metro cúbico, pero Esval se comprometía a realizar determinadas inversiones por las que se hizo una deducción del 79 por ciento, lo que da el precio de 8,9 pesos. Esval nunca hizo esa inversión, por lo que el Fisco está perdiendo desde 1998 la diferencia entre los 8,9 pesos y los 29 que debieran pagarse", dijo Laura Soto.

La parlamentaria entregó estos antecedentes a la Contraloría regional para que ésta desarrolle una investigación, a la vez que pidió al gobierno que llame a renunciar a los directivos locales de Corfo por haber "actuado con negligencia frente a una situación en que había que resguardar los intereses fiscales".
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