WASHINGTON.- Human Rights Watch (HRW) pidió el martes la liberación del panelista de televisión chileno Eduardo Yáñez, que fue arrestado en Santiago por afirmar públicamente que la justicia de su país "es inmoral, cobarde y corrupta", y enfrenta un juicio por desacato, abierto por un juez de la Corte Suprema.
"Con esta acción, la Corte Suprema chilena ha dado un enorme paso atrás en la libertad de expresión", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch.
"La crítica de las autoridades, incluidas las judiciales, es parte del debate público en una democracia. Se supone que las cortes deben proteger este derecho, y no violarlo", añadió Vivanco.
En la emisión del 28 de noviembre del programa "El termómetro" del canal Chilevisión, Yáñez también atribuyó "poca hombría" a los integrantes de las cortes, en referencia a decisiones judiciales equivocadas, que los jueces no admiten, y un desinterés en varios sucesos policiales que provocaron conmoción pública.
Más de 30 chilenos han sido enjuiciados, y varios encarcelados por el crimen de desacato desde 1990, recordó HRW. Todos fueron acusados sobre la base de una disposición de la ley de Seguridad del Estado, que fue eliminada el año pasado tras una larga campaña de grupos de defensa de los derechos humanos.
El Congreso chileno, sin embargo, rechazó una propuesta del gobierno para eliminar una disposición similar del Código Penal utilizada en este caso. Hasta ahora, estas provisiones del código penal raramente han sido utilizadas, señaló la organización humanitaria.
Yáñez esperaba ser detenido y acusado bajo el artículo 263 del Código Penal la semana pasada, pero tras escuchar su versión, el juez Juan Muñoz decidió sorpresivamente otorgarle 10 días para disculparse o persuadir a la Corte Suprema de que abandone el juicio. Sin embargo, el juez Mario Garrido Montt, recién nombrado presidente de la Corte Suprema, se negó a encontrarse con Yáñez o con sus abogados.
A Human Rights Watch también se le negó una reunión con el juez Garrido la semana pasada, señaló HRW.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intercedió ante el gobierno chileno en defensa de Yáñez, ha dado al gobierno siete días para explicar su acción, "que claramente viola las obligaciones de Chile bajo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos", según HRW.
