SANTIAGO.- El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas analizará este miércoles el grado de avance en la promoción y protección de los derechos de la infancia en Chile durante los últimos años.
La revisión forma parte de la 29° Sesión del Comité de los Derechos del Niño, que se realiza en Ginebra, Suiza, hasta el 1 de febrero próximo.
Además de Chile, en la oportunidad se considerarán los casos del Líbano, Grecia, Gabón, los Emiratos Arabes Unidos, Mozambique, Malawi, Bharein y Andorra.
Esos países se encuentran entre las 191 naciones del mundo que han ratificado la Convención, transformándola en el tratado internacional de más amplia aceptación en toda la historia de la humanidad.
En su informe, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos da cuenta de las medidas de carácter legislativo, administrativo y programático que el Estado ha desarrollado entre 1993 y 1998, para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la convención.
Este fue coordinado por el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), con el apoyo de los ministerios de Justicia, Educación, Salud, Trabajo, Secretaría General de la Presidencia y Servicio Nacional de la Mujer.
Entre los avances conseguidos en el período se destaca:
- La promulgación de un conjunto de leyes que persiguen adecuar la legislación interna chilena a los derechos reconocidos en la Convención como Ley de Filiación, medidas legales para sancionar el secuestro de niños, el maltrato infantil, la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad y la Ley Indígena.
- La elaboración del Plan Nacional de la Infancia, en 1990.
- En el ámbito de la salud, el descenso significativo de la mortalidad y la desnutrición infantil.
- En el ámbito de la educación, el proceso de reforma del sistema educativo chilena.
Sin embargo, el documento también señala falencias y desafíos tales como:
- La existencia de una cantidad significativa de niños y niñas en situación de pobreza.
- La falta de una política nacional de la infancia acordada y sancionada por todos los actores del sector público y privado.
- La existencia de un sistema de seguimiento en las acciones programáticas, legislativas y administrativas que buscan dar cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
