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Chilenos ligados a Tupac Amaru serán procesados como colaboradores de terrorismo

Los cuatro chilenos que fueron encarcelados por vincularse con el MRTA, ahora serán procesados por colaborar con el terrorismo dentro de Perú, según se desprende del informe final de la jueza Sonia Medina Calvo.

08 de Febrero de 2002 | 11:59 | Agencias
SANTIAGO. Feb. 8 (UPI) -- Los cuatro chilenos que se encuentran encarcelados en Perú por sus vínculos con el maoísta Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), enfrentarán próximamente un nuevo juicio bajo los cargos de colaboradores de terrorismo.

Así lo dispone el informe final de la magistrado del 28° juzgado Penal de Lima, Sonia Medina Calvo, al concluir la primera parte del proceso indagatorio para luego pasar al juicio oral.

Según informó radio Cooperativa, los cuatro chilenos son Jaime Castillo Petruci, Alejandro Astorga, Lautaro Mellado y Maria Concepción Pincheira, quienes permanecen detenidos en diferentes penales de la capital peruana.

En el caso de Castillo Petruci, la magistrada señaló que está comprobada su participación como cabecilla del MRTA y responsable del delito de terrorismo.

Respecto a Astorga, Mellado y la Pincheira estableció que también incurrieron en el mismo delito pero bajo la modalidad de colaboración.

La jueza sostuvo que todos pertenecían al organigrama de la desmantelada organización subversiva, en base a las pruebas y testimonios recogidos durante las investigaciones.

Se indicó que la documentación fue remitida a la Sala Nacional Corporativa para Delitos de Terrorismo, la misma que deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral que contará con la presencia, además de la defensa, de los familiares de los acusados, así como de prensa nacional e internacional.

Los cuatro chilenos fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por un Tribunal Militar sin rostro, por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Dicho fallo fue anulado en 1999 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al pronunciarse por un nuevo juicio con todas las garantías procesales.

Esa medida fue acatada recién el año pasado, luego de que Perú se reincorporara a la Jurisdicción de la Corte de San José, de la que se alejó en el Gobierno de Alberto Fujimori, a raíz del fallo en mención.
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