TEMUCO.- Las comunidades mapuches que están en conflicto en Collipulli instaron al gobierno a terminar con los grupos o movimientos paramilitares que estarían conformándose en la Octava y Novena Región, cuyo objetivo sería la de evitar que grupos indígenas continúen las tomas de predios.
En un comunicado de prensa, los mapuches califican al movimiento "Hernán Trizano" como "milicias terroristas" y "mercenarios", debido a que estiman que ellos están al servicio de los grandes empresarios de la zona.
Las comunidades indígenas lamentan el surgimiento de este grupo, "cuyo nombre rememora al tristemente célebre cazador de mapuches que en los tiempos de la Pacificación comandó la temida Guardia Nacional".
En tal sentido, precisan que este tipo de movimiento pone en evidencia los niveles de gravedad que está adquiriendo día tras día el conflicto político "no resuelto entre el Estado chileno y nuestro pueblo desde su anexión militar el año 1881".
"Preocupan los intentos del gobierno central y sus autoridades por bajarle el perfil a un hecho de suma gravedad y que en la práctica se ha venido repitiendo con alarmante periodicidad en el marco del conflicto mapuche actual. Tal es el surgimiento de diversas agrupaciones armadas de seguridad patronal y la contratación por parte de las empresas forestales de verdaderas milicias terroristas para el resguardo de sus plantaciones, campamentos e instalaciones industriales", sostienen.
Recordaron que en abril de 1999 denunciaron el surgimiento de un grupo paramilitar al servicio de los dueños de predios locales denominado Frente Común por la Defensa de las Tierras de Collipulli (Fcdt), "el cual estaba integrado por numerosos antisociales de la comuna que actuaban bajo las órdenes y la protección de los empresarios agrícolas Italo Subiabre y Freddy Molina".
Además, mencionan que este grupo se suma a otro formado por la Forestal Mininco, empresa que conformó un grupo de guardias armados para proteger los terrenos.
"Para estos fines Forestal Mininco recurrió a los servicios de la empresa de seguridad Osepar de Temuco, fundada a fines de los ochenta por Alfredo Rodríguez, un ex oficial del Ejército chileno, miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y que a raíz de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos debió vender su empresa a otro ex militar y huir hacia el extranjero", afirma el comunicado.
Sin embargo, señalan que la llegada de estos grupos lo único que hizo en la zona fue recrudecer aun más las acciones de violencia, incluso "realizando numerosos autoatentados pretendiendo inculpar ante los tribunales de justicia a varios de nuestros dirigentes y miembros".
En tal sentido explicaron que "un caso emblemático resultaría el atentado incendiario que en agosto de 1999 destruyó la casa patronal del Fundo Rucananco y por el cual varios dirigentes de nuestras comunidades fueron encarcelados y luego sometidos a proceso en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Más tarde, la confesión ante los tribunales de Pedro Cifuentes, uno de los trabajadores de la empresa forestal, daría cuenta de la verdad oculta tras el atentado. Se trataba de un autoatentado, financiado y planificado por Alex de Ruiz, encargado de seguridad de la empresa Forestal Mininco, y ejecutado en conjunto por los guardias de Osepar y miembros del Frente Común por la Defensa de las Tierras para inculpar a numerosos miembros de nuestras comunidades".
Asimismo, explican que actualmente son dos los grupos armados que operan en Collipulli "al servicio de las empresas forestales y de los latifundistas locales".
Estos son el Frente por la Defensa de las Tierras -organización que de acuerdo a informaciones mapuches habría ampliado su radio de acción hacia las comunas de Victoria y Lautaro- y la empresa de seguridad ASS de Los Ángeles que cumple servicios a la Forestal Mininco.
"Los miembros de las comunidades en conflicto hacemos un llamado a las autoridades chilenas para que desarticulen estos grupos paramilitares y a que investiguen seriamente el posible surgimiento de nuevos grupos de estas características a nivel regional. No hacerlo sería una irresponsabilidad histórica que podría acarrear insospechadas consecuencias para el desarrollo futuro del conflicto que se vive acá en el sur del país", termina el extenso comunicado.
