SANTIAGO.- Una sesión especial en la Cámara Alta para analizar junto al Ejecutivo, "la grave situación de violencia" que afecta a las regiones Octava y Novena, derivadas del conflicto mapuche, solicitó el senador institucional Julio Canessa.
El parlamentario dijo que "tenemos que establecer hoy una política que nos permita cambiar el rumbo en esta materia, sino más tarde nuestro papel será contar las víctimas de una política mal concebida".
Canessa indicó que en la actualidad todo indica que el Gobierno y la oposición están de acuerdo en que el grado de confusión reinante es inaceptable y sólo podrá ser superado con claridad de ideas y una voluntad firme, respaldada por un consenso político que hoy no existe.
Agregó que no basta con reestructurar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que "de hecho es un desastre, ni seguir gastando fondos públicos para apaciguar a los violentos. No basta con lamentar los malos efectos y desear en cada ocasión penosa que, milagrosamente, no vuelvan a repetirse estos hechos".
Opinó que tal situación tampoco se resuelve "cambiando al negociador, que es lo que recientemente hizo el Gobierno al designar al nuevo Coordinador Ejecutivo para las Políticas y Programas Indígenas, Jaime Andrade, aunque le deseo éxito y suerte, pero me sorprendería mucho si su gestión alcanza algún resultado concreto, porque negociar fructíferamente supone intención de acercarse a un objetivo común y, me parece, este no es el caso".
El senador Canessa indicó que "han rodeado a este problema hasta hacerlo inmanejable, todavía pueden ser resueltas con sensatez. Si no logramos cambiar el rumbo que están siguiendo los acontecimientos, más tarde nuestro papel se reducirá a contabilizar las víctimas de una política que, por haber sido mal concebida, se tradujo finalmente a un desastre social".
El parlamentario reiteró sus planteamientos en orden a que cada vez se hace un imperativo, establecer una política social con mecanismos efectivos e incrementar los recursos necesarios para enfrentar la pobreza que afecta al pueblo mapuche incorporándolo al progreso sin ningún tipo de discriminación, otorgándole las oportunidades laborales, sociales y educacionales que se merecen como cualquier chileno".
Por su parte, el senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot, reiteró la necesidad de que la Cancillería haga entender a las organizaciones internacionales que en Chile no existe una guerra del Estado contra el pueblo mapuche, que no hay genocidio y que, muy por el contrario, están las leyes destinadas a la protección, fomento y desarrollo de la etnia.
El parlamentario afirmó que si los embajadores no acometen esa labor, los grupos radicalizados que lidera el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilkamán, continuarán recibiendo apoyo extranjero tanto político como económico, por lo que las acciones extremistas tenderán a persistir.
Entonces, precisó, "cortémosle la leche al ternero y la forma de hacerlo es que nuestros representantes diplomáticos se pongan la camiseta del país como corresponde y hagan saber cuál es la verdad".
García sostuvo que en la Novena Región por mucho tiempo no se ha respetado el estado de derecho frente a hechos vinculados con tomas de predios, atentados incendiarios, robos y actos violentistas, que son propiciados por grupos minoritarios y muchas veces foráneos, lo que debe ser combatido con el máximo rigor de la ley.
Esta situación, agregó, genera gran desconfianza en el empresariado e impide una mayor inversión que el país necesita para crear nuevas fuentes de trabajo dentro de un clima más auspicioso.
Asimismo, García también solicitó la incorporación de programas sociales en la zona de la Araucanía y que se implante lo más pronto posible una coordinación de políticas públicas para buscar solución a problemas de la agricultura, de los pescadores artesanales, pequeños mineros y de todas aquellas actividades que desarrollaban en general los pueblos originarios.
En el caso particular de los mapuches, el senador RN reiteró la necesidad de que se concurra con una acción directa para mejorar su nivel de vida, de lo contrario -precisó- se estarán creando las condiciones propicias para que grupos violentistas puedan penetrar esas comunidades sanas y que están por la vía pacífica.
Para ello, también deben entregarse las pensiones de vejez y de invalidez; las asignaciones familiares; aumentar el número de becas y la transferencia tecnológica.
El legislador insistió, además, en que la inmensa mayoría de los araucanos quiere la solución a sus inquietudes, progresar en orden, paz y tranquilidad y desea hacerlo integrándose a todos los chilenos con respeto a la ley.
