SANTIAGO.- Con autorización del Ministerio de Defensa y debido a que no existe ningún impedimento legal, el Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACh), contrataron como colaboradores a ex oficiales vinculados a procesos por violaciones a los derechos humanos, según confirmaron este martes fuentes vinculadas a las FF.AA.
Se indicó que tal información no amerita "ninguna sorpresa", ya que es un hecho conocido con anterioridad, al destacar que son funcionarios públicos y que como tales es el Ministerio de Hacienda el que les cancela sus remuneraciones.
El Ejército contrató a los brigadieres (r) Jaime Lepe Orellana y Miguel Krassnoff Marchenko, mientras que la FACh aclaró que el coronel (r) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico, donde no depende directamente de la rama castrense, sino que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
Lepe Orellana, a quien se le vincula con el homicidio del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976, fue ex secretario del Ejército y estrecho colaborador del ex comandante en jefe de la institución, general (r) Augusto Pinochet.
No obstante, la Justicia no pudo confirmar su viculación en este caso, por lo que fue sobreseído, motivo por el cual destacan las fuentes, no tiene ningún impedimento para trabajar como civil para el Ejército, donde actualmente se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar.
En tanto, el brigadier (r) Miguel Krassnoff, quien fue procesado por la desaparición de varios presos políticos de "Villa Grimaldi", continúa siendo el gerente del "Hotel Militar de Oficiales", ubicado en la comuna de Providencia.
Sin embargo, actualmente se encuentra suspendido de esta función debido a que está detenido por orden judicial, desde noviembre último, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
El departamento comunicacional de la institución indicó que no efectuarán declaraciones al respecto.
En tanto, el abogado de la Fuerza Aérea, Jorge Balmaceda, explicó que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal.
"El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", agregó el jurista.
