SANTIAGO.- Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en respuesta a las limitantes impuestas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados al desempeño de las funciones periodísticas al interior del Congreso, presentará el próximo martes la Clínica de Acciones de Interés Publico y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
La resolución, del 16 de julio de 2002 y firmada por la presidenta de la Cámara, Adriana Muñoz, informa que en adelante los periodistas que deseen efectuar labores profesionales "deberán elevar una solicitud a la mesa de la corporación a través del jefe de relaciones publicas, con dos semanas de anticipación, pudiendo efectuar su trabajo sólo en las tribunas de la sala de sesiones, en el espacio de El Pensador (Avenida Argentina) y la Sala de Prensa".
La adopción de estas medidas se da en el contexto de fuertes criticas al trabajo parlamentario, principalmente vinculados a sus inasistencias, a la falta de transparencia sobre sus remuneraciones, y la contratación de parientes con cargo al erario publico.
Con este acuerdo la comisión violaría un derecho garantizado por la Constitución Política de la Republica y la Convención Americana de Derechos Humanos. La Carta Fundamental del país en el artículo 19 Nº 12, asegura a todos los habitantes la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, y la Convención Americana en el artículo 13 establece el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión que comprende la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Además, la nueva ley de prensa, vigente desde junio de 2001 consagra en su articulo 1, el derecho de todas las personas a emitir opinión e informar, incluyendo su ejercicio la posibilidad buscar, recibir y difundir todo tipo de informaciones.
Por otra parte, la Concertación ha impulsado un conjunto de iniciativas destinadas a transparentar la actuación de los poderes del Estado.
Para ello modificó la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, consagrando el principio de probidad y transparencia.
De acuerdo con este último, los diputados y senadores deben "permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten".
