SANTIAGO.- El Gobierno chileno y la familia del diplomático español Carmelo Soria, muerto en Chile en 1976, convinieron hoy un acuerdo amistoso de reparación, informaron fuentes judiciales.
El abogado Alfonso Insunza, representante de la familia, explicó a la agencia EFE que el acuerdo se convino en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una reunión con el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
En la reunión, que se realizó hoy, participaron el abogado Insunza y Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El proceso por el homicidio del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue archivado en agosto de 1996 por la Corte Suprema, tras lo cual sus familiares recurrieron ante el organismo de la OEA y acusaron al Estado chileno de "denegación de justicia".
En diciembre de 1999, el organismo interamericano acogió la denuncia y recomendó al Estado chileno que adoptara "las medidas que correspondan para que se juzgue a los responsables del homicidio".
Entre éstas, la reapertura del caso, agotar las investigaciones en torno al crimen y analizar compensaciones económicas para la familia.
"Se llegó a un principio de acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a fin de cumplir con la resolución de ese organismo que recomendó al Estado de Chile la reapertura del proceso penal e indemnizar a la familia como reparación económica", dijo el abogado.
Explicó que este acuerdo deberá ser formalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante septiembre próximo.
El convenio comprende la petición de reapertura del sumario criminal por la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a cargo del abogado Luciano Fouillioux.
También el pago de una indemnización similar a la fijada en 1992 por la estadounidense Comisión Bryan a la familia del canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington en septiembre de 1976 (alrededor de dos millones de dólares).
Como contrapartida, precisó Alfonso Insunza, la familia Soria deberá desistir de la demanda civil interpuesta contra el Estado chileno, entablada hace un par de años y en la que se exigió una indemnización por daños y perjuicios de 2.300 millones de pesos (3,2 millones de dólares).
Este tipo de acuerdos amistosos están previstos por la CIDH y en el caso Soria tenía dos puntos no negociables para la familia.
El primero es que el gobierno pida la reapertura del proceso y, el segundo, que cumpla con las medidas de reparación recomendadas por la comisión de la OEA al Estado chileno.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil Española, en 1939, fue secuestrado por agentes de la DINA el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Desde entonces su familia libró una larga batalla judicial, en un proceso en que se logró identificar a los culpables, que finalmente no fueron sancionados, al beneficiarse con la ley de amnistía, tras lo cual recurrió al organismo de la OEA.
