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SANTIAGO.- El coordinador del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux, presentó este miércoles en los alegatos ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones una lista con 11 nuevos nombres de detenidos desaparecidos que el renunciado general Patricio Campos habría ocultado a la Mesa de Diálogo, los que se suman a los cinco casos que gatillaron su procesamiento por obstrucción a la justicia.
El representante gubernamental en los alegatos por el recurso de amparo presentado por la defensa de Campos, dijo que los nuevos nombres corresponden a ex militantes comunistas víctimas del Comando Conjunto, entre los cuales figuran Víctor Cárdenas Valderrama, Alfredo Rodríguez Urzúa, Nicolás López Flores, Juan Iván Insulza, Jorge Solovera Gallardo, Daniel Palma Robledo, Aníbal Riquelme Pino, Santiago Araya, Armando Portill, Reinalda Pereira y Nicomedes Toro.
La primera sala de la Corte de Apelaciones estudia la decisión de acoger o no el recurso de amparo de Campos, quien fue procesado el viernes pasado por el juez del Tercer Juzgado del Crimen, Mario Carroza, bajo el presunto delito de obstrucción a la justicia.
El mencionado juez investiga la presunta rearticulación del Comando Conjunto y los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita que sus agentes habrían cometido.
A las 09.50 de esta mañana comenzaron los alegatos en los que expusieron sus argumentos el abogado, Francisco Zúñiga, quien representa al ex uniformado; el abogado Luciano Fouillioux, director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y el abogado Nelson Caucoto en representación de los familiares de las víctimas del Gobierno Militar.
El general (r) Patricio Campos fue encausado luego de confesar al juez Carroza que ocultó información respecto de cinco detenidos desaparecidos, datos que debían ser entregados a la Mesa de Diálogo.
El ex uniformado estuvo a cargo de recopilar la información al interior de la Fuerza Aérea para ser entregada a la citada instancia.
En el recurso visto hoy, la defensa de Campos argumentó que la ley facultaba al ex uniformado para decidir qué información era "útil y conducente", para ser entregada a la Mesa de Diálogo y posteriormente a la justicia.
El abogado Zúñiga reiteró el argumento del recurso al sostener que "no existen presunciones fundadas en el auto de procesamiento, para sostener que la información –destruida por Campos-, fuera "útil y conducente", para aclarar el destino que tuvieron los detenidos desaparecidos.
Además, Zúñiga explicó que el juez Carroza nunca solicitó al general Campos los antecedentes que habría destruido, por lo que el magistrado tampoco pudo comprobar si la información que se ocultó era "útil y conducente".
Por último, el abogado defensor afirmó que el delito que se imputa al ex uniformado, según la ley, debe ser cometido por un particular y el general Campos no lo era.
Además de entregar los nuevos antecedentes, Fouillioux pidió a la corte que se confirme el auto de procesamiento del general (r) Campos "por entender que en su conducta se encuentran presentes todas las condiciones de la figura penal que se le imputa" (obstrucción a la justicia).
Adicionalmente, el profesional pidió a la Corte que se le amplíe el procesamiento al general en retiro por el delito de perjurio ante el tribunal, puesto que "declaró con formalidades legales ante una autoridad competente, y lo hizo en forma falsa".
También por la parte querellante, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, dijo que según el argumento utilizado por la defensa del retirado general, Campos "pretende reemplazar a la justicia en la medida de que, como un señor soberano, decide qué es lo importante y qué no, en circunstancias de que la información que destruyó era vital para las investigaciones sobre el paradero de detenidos desaparecidos".
El tribunal de alzada conformado por los ministros Jaime Rodríguez, Juan González y el abogado integrante Hugo Llanos, deberá decidir en las próximas horas o mañana si acoge el recurso de amparo.
Si la decisión del tribunal es favorable a Campos o no, las partes pueden apelar y será la Corte Suprema la que finalmente tome la decisión.
