SANTIAGO.- Por más de tres horas y con argumentos muy similares a los presentados en la Corte de Apelaciones, se efectuaron esta mañana, ante la segunda sala de la Corte Suprema, los alegatos que piden revocar, por una parte, y reafirmar, por otra, la decisión del tribunal de alzada que desestimó el recurso de amparo presentado en favor del procesado general(r) Patricio Campos.
La sala penal del máximo tribunal decidió dejar en acuerdo la resolución luego de escuchar los argumentos de las partes involucradas en el caso.
La jornada partió con la relación de los hechos ante los magistrados, y posteriormente expusieron sus descargos el abogado defensor del ex uniformado, Francisco Zúñiga, y por la parte querellante el director del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Luciano Foullioux, y el representante de las víctimas, Nelson Caucoto.
La defensa de Campos dice sostiene que los hechos que se le imputan al general(r) no constituyen delito.
Los argumentos de la defensa, que sostiene que la prisión preventiva de Campos es "ilegal y arbitraria", se basaron en primer lugar en que los hechos que se imputan a Campos "no son constitutivos de delito" puesto que a juicio del abogado Zúñiga, tal como lo había expuesto anteriormente, el delito debe ser cometido por un particular y no por un funcionario público.
El abogado explicó ante los magistrados que los funcionarios públicos son auxiliares de la justicia y fiscalizadores, por lo que sentaría un mal precedente si se juzga a quienes contribuyen con la justicia.
Además, Zúñiga reiteró que el fallo del juez Carroza y de la Corte de Apelaciones no tiene acreditado el delito de obstrucción a la justicia puesto que el imputado no estaba ante una institución jurisdiccional en la fecha en que habría cometido el delito.
El abogado sostuvo también que su defendido obró como se le indicó y que el acto que se le imputa es producto de la misma ley que creó la Mesa de Diálogo, puesto que no especificaba el procedimiento a seguir en la entrega de la información sobre detenidos desaparecidos.
Foullioux y Caucoto confirman que hubo delito
En tanto, durante sus 30 minutos de alegato, el abogado Foullioux sostuvo que existen suficientes antecedentes en el proceso para acreditar el delito de obstrucción a la justicia cometido por el general(r) Campos.
Para ejemplificar, Foullioux explicó que el juez Carroza no sólo se basó en la confesión del ex uniformado de haber destruido datos sobre cinco detenidos desaparecidos, sino que además tomó declaraciones de otros oficiales y de ex agentes del Comando Conjunto.
El profesional explicó además que la ley de secreto no beneficiaba a quien recogía la información, sino que a las personas que entregaban los datos, y que por lo tanto la información misma no podía ser ocultada.
Finalmente, Foullioux recordó al máximo tribunal que aún existen doce casos de detenidos desaparecidos cuya información fue entregada por efectivos de la FACh y que no figuran en la lista final de la Mesa de Diálogo.
Además de solicitar a la Corte que confirme el procesamiento y acoja el recurso de amparo, el abogado solicitó que se amplíe el encausamiento a Campos por el delito de perjurio.
El último en exponer sus argumentos fue el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, quien rebatió uno a uno los descargos hechos por la defensa del ex uniformado explicando, entre otros puntos, que por más de 20 años se ha requerido información formalmente a la Fuerza Aérea sobre detenidos desaparecidos, datos que Campos omitió entregar a la justicia atribuyéndose una facultad que nadie le había concedido.
Caucoto agregó que es inverosímil el argumento de que no se puede atribuir la obstrucción a la justicia a un funcionario público, puesto que a su juicio quienes trabajan para ese sector manejan mayor información y por ello están más propensos que un particular a cometer dicho delito.
La segunda sala de la Corte Suprema, que en los próximos días dará a conocer su resolución, estuvo conformada por los ministros Alberto Chaigneau, Milton Juica, Nibaldo Segura, María Antonia Morales y el abogado integrante José Fernández.
