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Caso Coimas: Corte dejó en acuerdo amparo a Tombolini

Los magistrados tienen 24 horas para resolver, pero podrían ampliar el plazo si lo consideran pertinente.

13 de Noviembre de 2002 | 11:24 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
RANCAGUA.- En acuerdo dejó la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua la decisión de acoger o rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa del ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, procesado por tres delitos de cohecho en el marco del denominado Caso Coimas.

Ayer, la Segunda Sala también rechazó otorgarle libertad provisional al jefe de gabinete del ex ministro de la cartera Carlos Cruz, Alejandro Chaparro.

El recurso de amparo fue presentado el lunes pasado por los abogados Miguel Soto Piñeiro y Miguel Yáñez, quienes consideran que el auto de procesamiento es ilegal y la detención arbitraria porque no existen pruebas en contra de su defendido, razón por la cual solicitaron su anulación.

Luego de escuchar los alegatos de la defensa y de la parte querellante, los ministros que integraban la sala -Raúl Mera (presidente), Carlos Bañados y Jacqueline Rencoret- decidieron dejar pendiente la firma de la decisión para evaluar con más profundidad los antecedentes.

Los magistrados tienen 24 horas para resolver, pero podrían ampliar el plazo si lo consideran pertinente. Sin embargo, fuentes de tribunales afirmaron que el fallo se conocería a primera hora de mañana.

Cualquiera sea la resolución que adopten, las partes pueden apelar ante la Corte Suprema, la que finalmente será la encargada de decidir sobre la causa.

Los alegatos se extendieron por 45 minutos y terminaron a las 10:50 horas. En primer lugar tomó la palabra el abogado defensor de Patricio Tombolini, Miguel Soto Piñeiro, quien comenzó su exposición sosteniendo que en los autos de procesamiento contra su representado existe una errónea interpretación de los artículos del Código Penal referentes a los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

A modo de ilustración, el profesional entregó a la Corte para su revisión una gran cantidad de textos de la legislación nacional e internacional, referido a estos delitos.

A juicio del jurista, la errada interpretación de los delitos en el auto de procesamiento y la incomprensión del fenómeno de la corrupción, hacen que el procesamiento de Tombolini -quien se encuentra detenido en el anexo cárcel Capuchinos de Santiago- no se justifique.

Soto Piñeiro se refirió además a que la rapidez con que ha actuado el poder judicial para intentar resolver el denominado Caso Coimas -debido al revuelo público que éste ha provocado-, podría jugar precisamente en contra de lograr ese objetivo.

Posteriormente, el profesional utilizó su tiempo de alegato para acusar falencias en la redacción del auto de procesamiento, y rebatió una por una frases, términos y conceptos que a su juicio están mal utilizados en los tres delitos que se le imputan a Tombolini, y que, por lo tanto, hacen que el encausamiento no sea legítimo.

Uno de los puntos rebatidos se refiere al párrafo del procesamiento que nombra al Seremi de la Sexta Región como "subordinado" del subsecretario de Transportes. El abogado Soto Piñeiro leyó a la Corte el Código Orgánico en el que se señala claramente que el seremi sólo es subordinado del ministro del ramo y no del subsecretario.

Asimismo, el abogado argumentó que Tombolini siguió un procedimiento administrativo absolutamente normal respecto de la planta de revisión técnica que pertenecía al fallecido Óscar Zepeda, y para ello entregó al tribunal copia de la totalidad de los oficios que se intercambiaron a ese respecto el Seremi Lincoln Pérez y el subsecretario Tombolini.

Luego el jurista sostuvo que en el procesamiento dictado el viernes pasado por el juez Carlos Aránguiz, no existe antecedente alguno en el que se detalle en qué lugar se produjo el ofrecimiento y aceptación del beneficio económico por parte de Tombolini, y que si no existen estas dos condiciones, no hay delito.

Además explicó que contra su defendido los únicos antecedentes que existen son las declaraciones de Carlos Filippi y Gabriel Álamo, quienes sostuvieron que el diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo les dijo que el dinero era para Tombolini.

Finalmente, el abogado concluyó su intervención afirmando a los magistrados que no hay pruebas que sostengan cuándo y dónde Tombolini solicitó y recibió el polémico dinero.

Tras el intenso alegato de Soto Piñeiro intervino en breves ocho minutos el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y querellante, Miguel Fredes, quien sólo sostuvo que -a su juicio- la rápida labor de la justicia en esta causa ha sido oportuna debido a la naturaleza de los delitos que están siendo investigados.

Asimismo, afirmó que el recurso de amparo de esta situación no es procedente, ya que tanto la detención preventiva como el auto de procesamiento están legalmente sustentados.
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