VALPARAISO.- Los diputados de Renovación Nacional (RN) Lily Pérez y Alfonso Vargas, denunciaron este jueves una serie de nuevas irregularidades en el otorgamiento de contratos a honorarios en diversos ministerios y reparticiones públicas, los que suponen un gasto de más de mil millones de pesos.
Los parlamentarios denunciaron que hay empleados públicos que además de recibir la remuneración por su contrato como funcionarios de planta o a contrata, reciben honorarios extras en la misma cartera o en otros ministerios, percibiendo de esta manera un sobresueldo.
De acuerdo a diversos oficios solicitados a las diversas reparticiones, los diputados Pérez y Vargas pusieron como ejemplo que en los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Educación, Agricultura, Mideplan, como así mismo en la Conama, el Sernam y en la Agencia de Cooperación Internacional, se detectaron 463 contratos a honorarios de funcionarios de planta, los cuales suman un total de $1.106.000.000.
Al respecto, la diputada Pérez lamentó que no todos los ministerios consultados hayan entregado la información solicitada por ellos, aún cuando explicó que se encuentran obligados a hacerlo. Dijo que éste es el caso de las carteras de Interior y Obras Públicas, que actualmente mantienen un procedimiento administrativo en su contra en la Contraloría General de la República.
"No se pretende acusar a nadie en particular, sino denunciar la constante forma de actuar de los gobiernos de la Concertación, de privilegiar a ciertos funcionarios públicos mediante el pago de un sobresueldo o honorario adicional al de su remuneración mensual", enfatizó Pérez.
En ese sentido, la parlamentaria valoró el paquete de medidas anticorrupción anunciado recientemente por el Gobierno, en especial el que dice relación con que a principios de 2003 quienes firmen contratos a honorarios en la administración pública deben informar de sus otros vínculos contractuales con entidades públicas o privadas.
"El anuncio del Presidente Lagos respecto de poner límite a los sueldos a honorarios refuerza lo que hemos venido señalando en esa materia", agregó.
Además, lamentó que el ministro Secretario General de la Presidencia, Mario Fernández, no haya acogido el proyecto de Ley sobre protección al denunciante presentado por ella hace más de dos años.
Los parlamentarios anunciaron que enviarán todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que sea dicho organismo el que determine las responsabilidades administrativas y penales que eventualmente pudieran existir, por infracción a la Ley sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos de la Administración del Estado y denuncie a la justicia criminal aquellos casos que constituyan a su vez un delito sancionado por la Ley.
