SANTIAGO.- La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley de Presupuesto del sector público para el año 2003, el que fue despachado al Senado, que lo debatirá mañana miércoles para completar su tramitación en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, manifestó su satisfacción frente a esta aprobación, señalando que "hemos avanzado en un presupuesto complejo que busca un equilibrio entre reactivar la demanda interna y mantener adecuadamente atendidos los programas sociales sin someter al país en un espiral de endeudamiento que pudiera complicar nuestro futuro. Hemos avanzado en transparencia y diálogo por lo cual siento que ha sido una buena jornada".
Entre los puntos debatidos y acordados por los parlamentarios estuvo la fiscalización de las Organizaciones no Gubernamentales por parte de la Contraloría General de la República, lo relativo a licitaciones públicas, donde se aprobó que el Estado debe licitar públicamente todas las obras que superen las mil UTM y los estudios que sobrepasen una cifra equivalente a las 500 UTM.
También se acordó que los llamados "gastos reservados" de los ministerios sean informados a la Contraloría en forma reservada y detallada.
Otro de los puntos abordados en el proyecto se refiere a impulsar el crecimiento del país, aumentar los índices de empleo y entregar más autonomía a la decisión regional.
Se incrementan los presupuestos para los sectores de salud, educación y para justicia, además se solicita que los honorarios de los ministros y altos cargos sean acordes con la realidad del país.
También se acordó entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo un Protocolo que acompaña la Ley de Presupuesto y que solicita dar carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto además de impulsar una serie de medidas en beneficio de una mayor transparencia y control de los programas y gastos públicos.
La comisión permanente considerará entre sus actividades previas al período de análisis y despacho de la ley de Presupuesto: recibir una cuenta global sobre la gestión financiera del período anterior y una actualización de las proyecciones fiscales, cuenta que se entregará a más tardar en el mes de julio.
Al mismo tiempo, se recibirán cuentas sectoriales sobre la gestión financiera del período anterior e informes de avance para el año en curso por parte de los Ministerios o instituciones que contendrán una explicación de las principales variaciones respecto del presupuesto aprobado.
El Ejecutivo presentará al Congreso, a más tardar en abril de 2003, un proyecto para incorporar a la legislación permanente normas sobre administración financiera y de administración de personal. El propósito es que este proyecto haya sido despachado por el Congreso antes que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto.
Se indica que el Ejecutivo y el Parlamento adoptarán las medidas necesarias y buscarán los acuerdos que se requieren para que Chile se adscriba al Código de Mejores Prácticas en Transparencia Presupuestaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
A más tardar en enero de 2003, el Ministerio de Hacienda junto con el de Trabajo realizarán un seminario para difundir las conclusiones del estudio sobre causas del desempleo en Chile y las evaluaciones sobre los programas de empleo con apoyo fiscal.
Se establece que una vez despachado el Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, con la colaboración de los secretarios de las Comisiones de Hacienda y la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso, efectuará una recopilación de las solicitudes de información efectuadas en las diferentes subcomisiones de presupuesto y que no hayan sido respondidas aún por el Ejecutivo y se oficiará a los ministros para que la respuestas correspondientes se remitan al Congreso en los plazos acordados o en un plazo no superior a los 60 días.
Además, se sostiene que el 2003 se realizarán 19 evaluaciones de programas públicos, las que serán informadas a los parlamentarios en junio de 2003.
En marzo de este mismo año, se indica que el Ejecutivo enviará al Legislativo un proyecto que sistematizará y uniformará los procesos de adjudicación de contratos de inversión en el sector público.
También se compromete agilizar los procedimientos para efectuar sumarios administrativos en el sector público y aumentar al rango de sanciones, fortalecer los Gobiernos Regionales y hacer más transparentes las autorizaciones de pagos diferidos de inversiones de los municipios.
