SANTIAGO.- La receptora judicial Virginia Araya se constituyó a las 11:05 de hoy en el lugar de la toma de la rectoría de la Universidad de Chile, que dura ya cinco días, constatando que las oficinas están cerradas y bloqueados sus accesos, que la llave está en poder del presidente de la Fech, Julio Lira, y que los estudiantes están radicados en la sala de espera, donde habitualmente trabajan las secretarias de rectoría,
El procedimiento fue realizado por la receptora en virtud de un recurso de protección presentado por el vicerrector Jorge Litvak.
La funcionaria judicial dejó establecido que en el lugar no se aprecian daños ni se observa desorden, pero que sólo pudo identificar a Julio Lira, quien se hizo responsable por los otros quince estudiantes que se encuentran en el lugar.
Tras la visita de la funcionaria judicial, la FECh expresó su preocupación por el rumbo que pueden tomar los acontecimientos y que entorpece las conversaciones que hasta el momento los estudiantes han sostenido con Litvak y otras autoridades de la Universidad.
El rector Luis Riveros no ha aparecido por la Casa Central y de manera itinerante ha seguido ejerciendo sus funciones, trasladándose a distintas facultades para la firma de documentos o entrevistas con decanos u otras autoridades.
En estos cinco días el rector ha visitado prácticamente todas las facultades y ha eludido todo contacto con los estudiantes en protesta a la espera de que actúe la justicia.
Los dirigentes de la Fech informaron que el recurso, que lleva la firma del prorrector Jorge Litvak, no fue presentado en defensa del valor histórico, simbólico ni patrimonial de las principales oficinas de la Casa de Bello, como se había informado, sino para que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y que los recurridos —Lira, y quienes lo acompañan en el movimiento— pongan fin al acto que es considerado arbitrario e ilegal por las autoridades de la Universidad.
Lira, militante comunista, señaló que el recurso difiere de todo lo declarado por el rector Riveros, a la prensa y que se basa en el entorpecimiento de las normales acciones propias de la rectoría y en el derecho a propiedad que tiene la universidad sobre la misma.
