SANTIAGO.- Cuando Claudia Fuentes, actual presidenta de la ONG ARASI contó ante las cámaras de Canal 13 en 2002 que su hija había sido ultrajada por la persona que manejaba su transporte escolar, muchos padres deben haber sentido el temor de que a sus niños les pasara lo mismo.
El descubrimiento de que un pedófilo de la red Paidos se dedicaba a trasnportar escolares dejó al descubierto que en el país no se controlaba el sistema. No sólo no se conocía nada sobre la persona que conducía, sino que no existía una ley que los obligara a afiliarse a alguna de las organizaciones existentes.
Además del riesgo de abusos al que estaban expuestos los menores, el año 2000 hubo 171 accidentes protagonizados por estos vehículos. La cifra se incrementó a 243 en el 2001 y a 268 en el 2002. Aún no se conocen las cifras del año pasado, pero se espera que ésta siga incrementándose.
En respuesta a todo esto, en diciembre del año pasado entró en vigencia una ley que tiene como objetivo crear instancias de fiscalización y evaluación del transporte escolar.
Tras casi dos meses de funcionamiento, los avances logrados fueron expuestos hoy por el presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, y la presidenta de La Federación Gremial de Transporte Escolar y Turismo (Fentetuch), Verónica Contreras, quienes destacaron la creación de un registro nacional de transportistas escolares.
"Todos los vehículos deberán estar inscritos en este registro nacional y, para ello, se deberán entregar los datos de los conductores, del empresario y del furgón. Sólo así podrán conseguir el certificado que los acredite", dijo el dirigente de la Alianza por Chile.
Ahora bien, Piñera destacó que, a pesar de las medidas tomadas, sólo la mitad de los transportistas se han afiliado al registro, por lo que instó a los padres a exigir el certificado.
"Si los padres no ponen lo mejor de si para proteger a sus hijos, nosotros no podemos hacer nada", expresó Verónica Contreras.
La presidenta del gremio destacó que los transportistas escolares no son los únicos culpables de la situación: "En la mitad de los casos de accidentes, los responsables de la colisión son los particulares".
Contreras expresó, además, que el pedófilo Rafael Maureira, más conocido como Sacarach, no podía ser considerado como transportista escolar, puesto que ejercía ese oficio de manera ilegal.
Con respecto a las próximas medidas a tomar, la dirigente declaró que, si de ellos dependiera, no se implementarían los exámenes psicológicos a los conductores, puesto que cuando éstos se habían aplicado, los resultados habían perjudicado al gremio.
"Nuestra organización será el principal colador ya que tenemos los medios de denuncia y sanción necesarios", concluyó Contreras.
