GINEBRA.- Las comunidades indígenas de Chile, particularmente la de los mapuches, viven una situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, con índices de indigencia y analfabetismo que duplican la media nacional.
Así lo señala el informe que el relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentará a la Comisión de Derechos Humanos, que iniciará su periodo anual de sesiones el 15 de marzo próximo en Ginebra.
Se consideran como las principales etnias indígenas chilenas a los mapuche, aimara, rapa nui o pascuenses, atacameños, quechuas, collas, kawashkar y yámana, que en total suman alrededor de 700.000 personas y representan el 4,6 por ciento de la población.
Tras una visita de evaluación a Chile, donde se entrevistó con representantes de varios de esos pueblos, Stavenhagen concluyó que aún "existe una gran brecha entre la sociedad chilena en general y los pueblos originarios".
Para ilustrar su afirmación, el relator menciona en su informe el caso "del pueblo atacameño, que lamenta la pérdida de su lengua como resultado de la obligada chilenización a la que fue sometido después de la guerra del Pacífico".
Representantes del pueblo quechua y rapa nui manifestaron igualmente al experto sus temores por la pérdida de sus identidades culturales.
El informe indica que el origen de esta problemática es el conflicto "no resuelto de la propiedad de la tierra, el acceso y explotación de los recursos naturales".
Al respecto, señala que la Ley Indígena fue vista en su momento como una respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y un instrumento útil para proteger su patrimonio territorial.
Sin embargo, agrega, "la coexistencia de ciertas leyes sectoriales, como la de aguas, la de pesca y la minera, han obstaculizado el alcance que se esperaba de la Ley Indígena, originando gran escepticismo entre las comunidades".
En la parte dedicada a las recomendaciones, Stavenhagen reconoce que en los últimos diez años hubo ciertos avances en favor de dichas minorías, pero plantea medidas legislativas y de carácter social que permitirían superar la situación de marginación que les "mantiene apartados del resto del país".
Además de una reforma constitucional en materia indígena, el relato la ONU propone la creación de un programa de reducción de la pobreza de las comunidades indígenas de Chile, así como consultarlas cuando se pretenda ejecutar cualquier proyecto de desarrollo en sus regiones.
Asimismo, declara que no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos -del tipo "amenaza terrorista" o "asociación para el delito"- a hechos relacionados con "la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas".
En ese sentido, el experto mexicano recomienda al gobierno de Chile considerar la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades socio- políticas en defensa de las tierras de sus pueblos.
Finalmente, considera necesario que para superar la "negación histórica" que han sufrido los indígenas, se realicen de manera permanente campañas de información dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo y la intolerancia de la opinión pública frente a la problemática de esa minoría.
