| Insulza: "Lo conseguido es importante" |
"Lo que hemos sacado es algo importante, por lo menos hemos obtenido todo lo que dice relación con rebaja de penas y la vista preferente de las causas que era un tema bastante significativo e importante", señaló esta noche el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, al referirse a la aprobación del proyecto.
Expresó que "los artículos que se han caído, el que me parece a mí más emblemático era el que permitía el traspaso de las causas que estaban en la justicia militar a la justicia civil, siempre que no hubiera cosas juzgadas respecto de ellas. Además es lamentable lo referido a los jueces especiales, los Ministros de Cortes y los Jueces de dedicación exclusiva, tema que también era muy central".
Al ser consultado sobre la votación de la UDI, el ministro sostuvo que "estamos ya cerca de las elecciones municipales, hay una caída fuerte del candidato de la derecha para la elección presidencial, y esto probablemente ha provocado en los cambios de estrategias que a mi juicio son equivocados". |
SANTIAGO.- La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy un proyecto que establece rebaja de penas a los ex represores que colaboren con la justicia y entreguen información sobre el paradero de los 1.197 detenidos-desaparecidos que dejó el régimen militar de Augusto Pinochet.
Sin embargo, la cámara no aprobó el traspaso de juicios de la justicia militar a los tribunales civiles ni la designación de jueces especiales para acelerar las causas, al votar en contra los parlamentarios de la UDI.
La iniciativa es parte de la propuesta del Gobierno de Ricardo Lagos para avanzar en la solución a los problemas de violaciones a los derechos humanos pendientes en el país.
El proyecto establece rebaja de penas a los militares que colaboren con la ubicación de víctimas, siempre y cuando no hubiesen "perpetrado o ideado el crimen".
También propone que excepcionalmente se podrá eximir de responsabilidad penal a los civiles que en el "momento de concurrencia de los hechos, cumplían con su servicio militar y a los que se desempeñaban en labores de enfermería".
"Ello -advierte- siempre y cuando el juez llegue a la convicción que lo hicieron cumpliendo órdenes superiores que no pudieron dejar de ejecutar sin poner en riesgo inmediato su propia vida o integridad física".
La propuesta de derechos humanos impulsada desde agosto pasado por el Gobierno ha sido rechazada por los familiares de las víctimas por considerar que consagra la "impunidad".
La iniciativa aprobada por los diputados chilenos también prevé mecanismos para la mejora en los procedimientos judiciales, con el fin de acelerar las causas por los crímenes del régimen dictatorial, unas 300 que involucran a 180 militares.
Además determina aumentar las pensiones de los familiares de los ejecutados y detenidos desaparecidos, vigentes desde 1991, y promueve una reparación "simbólica" a los torturados y ex presos políticos.
Según el Informe Rettig , que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos.
Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese periodo al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio.
