SANTIAGO.- Pasada las 11:00 de esta mañana la Octava Sala de la Corte de Apelaciones comenzó el análisis de la apelación de la condena de 12 años impuesta al ex sacerdote José Andrés Aguirre, solicitada por su defensa.
En los alegatos, intervendrán cinco abogados quienes -se estima- argumentarán por al menos 45 minutos cada uno, razón por la cual se prevé que la sesión se extenderá hasta mañana.
El cura Tato fue condenado a 12 años de presidio por la jueza del 16to Juzgado del Crimen, Rosa María Pinto, quien previamente lo había procesado como autor de nueve abusos sexuales y un estupro en contra de menores de las comunidades religiosas que dirigió.
Aguirre fue condenado además a pagar 50 millones de pesos a dos de sus víctimas, monto que la Iglesia Católica debiera asumir en forma solidaria.
El abogado Luis Arévalo, quien representa al ex sacerdote, solicitará al tribunal que se baje la condena -puesto que a su juicio no hubo delito de estupro ni abuso sexual- y que se reduzca la indemnización.
En tanto, la abogada Fabiola Maldonado, representante de las víctimas que deberán ser indemnizadas, pedirá que se aumente a 200 millones de pesos el monto que éstas debieran recibir, argumentando que los 50 millones no alcanzan a reparar si quiera una parte del daño causado.
Maldonado solicitará además que se recalifique los delitos cometidos por Aguirre a violación, y que en consecuencia su condena aumente a al menos 20 años.
Por su parte, el profesional que representa la Arzobispado, Juan Pablo Román, sostendrá ante la Corte que en este caso no se dan "ninguno de los supuestos que exige el código civil par imputar responsabilidad" a la Iglesia por los actos del ex sacerdote.
Según Román, la vinculación entre el Obispado y el cura Tato es estrictamente espiritual y moral, y que el arzobispo "no puede conducir la conducta material, o en este caso sexual, de un clérigo, en los términos de poder inhibir cualquier acto que realice en su vida privada".
Con su intervención, el abogado Román pretende dejar sin efecto la condena que obliga a la Iglesia a pagar en forma solidaria una indemnización a dos víctimas del ex sacerdote en caso de que éste no pueda hacerlo.
Ante el tribunal, conformado por los ministros Raimundo Díaz, Raúl Rocha, y el abogado integrante Ángel Cruchaga, presentarán sus argumentos además una abogada del Sename Macarena Cañas, y el abogado Pablo Escobar de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales del Ministerio de Justicia.
