SANTIAGO.- La UDI denunció esta mañana que en al menos cuatro regiones más existirían instructivos electorales similares al emitido por el intendente de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín (DC).
De esta manera, el gremialismo apuntó a una acción coordinada de parte del Gobierno y no a un hecho aislado como sugirió ayer el Ejecutivo.
"No hay duda de que ésta no es una actitud de una sola autoridad", sentenció el diputado Víctor Pérez, quien declinó, sin embargo, dar a conocer qué gobiernos regionales habrían entregado informes con instrucciones electorales a sus funcionarios.
"Nosotros ayer hicimos un tanteo de consultas absolutamente informales y verbales en distintas regiones, tanto a personas de oposición como de la Concertación, y por lo menos en cuatro regiones nos han expresado que existe documentos similares", afirmó el parlamentario.
Explicó que consultaron seis regiones del país y que los datos recabados no incluyen a la Región Metropolitana. Agregó que están chequeando los datos y una vez que tengan antecedentes serios, los van a divulgar.
Violación a la ley de gasto electoral
El presidente del partido, Jovino Novoa, calificó como "absurda y ridícula" la explicación dada ayer por Vallespín, quien al reconocer la existencia de dicho documento aclaró que en él se establecía que los funcionarios que participaran en campañas políticas debían hacerlo fuera del horario de trabajo y sin recursos públicos.
Al respecto, Novoa dijo que ni siquiera un niño creería una justificación como esa. "Aquí no se trata de trabajos individuales después de las seis de la tarde. Se trata de poner y coordinar todas las actividades de gobierno con propósitos orientados en función de consideraciones políticas".
Esto último -aseveró el timonel- no sólo constituye una infracción ética sino que además contraviene el artículo 27 de la ley 19.884 sobre gasto electoral, promulgada hace menos de un año, y que señala que los "funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones". Al mismo tiempo, dijo que viola la Ley de Probidad e incluso el propio manual sásico sobre aplicación de esa norma, elaborado por el Ejecutivo en noviembre de 2000.
Por ello, emplazó al Gobierno a denunciar ante la Contraloría General de la República los hechos divulgados por el gremialismo y dijo que en caso de que no lo hagan, "lo haremos nosotros".
Demandó, además, que La Moneda explique cuáles son las "orientaciones emanadas del Gobierno" que sirvieron de base para que el intendente de la X Región elaborara su instructivo.
"Nosotros le pedimos al Gobierno que actúe con seriedad, ponga atajo a la corrupción y no siga dando explicaciones torpes", sostuvo por su parte el diputado Víctor Pérez.
Salida de Vallespín
Al ser consultado sobre si el intendente Patricio Vallespín debe renunciar a su cargo, luego de conocerse su autoría del polémico informe, el diputado señaló que "es un problema del Gobierno si lo sigue teniendo como intendente. Pero no hay duda de que es una persona que ha perdido toda credibilidad en parte importante de la población".
Esta mañana, el alcalde de Valdivia, Bernardo Berger (RN), exigió la salida de la autoridad regional, al tiempo que instó a que asuman su responsabilidad política los personeros de Gobierno que actúan como directivos de dicho instructivo.
