Cámara investigará privatizaciones del régimen militar

Por ese camino se buscará detectar si el origen del patrimonio del general (r) Augusto Pinochet está vinculado a la venta de empresas del Estado.

04 de Agosto de 2004 | 18:01 | El Mercurio en Internet

Julio Ponce Lerou, en la mira de los diputados.
VALPARAÍSO.- La Cámara de Diputados aprobó esta tarde dos proyectos de acuerdo en la sesión especial donde se analizaron las cuentas secretas del general (r) Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Estados Unidos.

Por 49 votos a favor y siete en contra, la Cámara Baja aprobó la creación de una
comisión investigadora que, en un plazo de 120 días, deberá revisar los procesos privatizadores realizados durante el régimen militar.

Debido a que la Cámara no puede fiscalizar a particulares, la comisión recibió un mandato amplio que apunta a indagar "las acciones u omisiones" de los aparatos de la administración en la venta de empresas del Estado y "su impacto en la concentración de la riqueza".

Con esto, no sólo se busca pesquisar si hubo desvíos al patrimonio de Pinochet sino que también a otros familiares que se vincularon al mundo minero (un ex yerno del general (r) Julio Ponce Lerou en Soquimich).

La Cámara de Diputados sólo puede fiscalizar actos del Estado, lo que excluye a cualquier particular o parlamentario en ejercicio. Pinochet está en esa circunstancia y como ex Comandante en Jefe del Ejército el plazo para investigarlo ya venció.

El segundo proyecto de acuerdo, aprobado por 56 votos contra cuatro, resolvió enviar una misión especial de diputados a Estados Unidos para recabar antecedentes sobre la investigación que llevó a cabo el Senado norteamericano.

Además, propone legislar en favor de una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, incluyendo sanciones al delito de enriquecimiento ilícito.

El jefe de la bancada DC, diputado Edmundo Salas, autor de la iniciativa junto a los otros jefes de las bancadas de la Concertación (Eugenio Tuma, Carlos Montes y Alberto Robles), explicó que la comisión que se constituya tendrá un plazo de 120 días para determinar "las acciones u omisiones que los órganos de la administración tuvieron en el proceso de privatización del patrimonio público ocurrido durante el gobierno del general Pinochet y su impacto en la concentración de la riqueza y en la distribución de los ingresos".

Salas enfatizó la confianza existente en los tribunales de justicia para aclarar estos hechos, sin embargo apoyó la creación de esta comisión considerando la necesidad de ahondar en el tema de las privatizaciones registradas durante el gobierno de Augusto Pinochet.

En cuanto a las medidas vinculadas a las cuentas en el Riggs, el jefe de la bancada explicó que "lo primero es valorar la designación de un ministro en visita en este caso, pero, además, hemos apoyado el envío de una misión especial de la Cámara de Diputados destinada a recabar antecedentes al Senado de Estados Unidos en cuanto a la existencia de las cuentas a nombre del general Pinochet".
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