SANTIAGO.- Una organización de ex presos políticos de Chile presentó hoy una lista con los nombres de más de 1.900 personas que al parecer estuvieron relacionadas con torturas o supieron de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El documento, de cerca de 500 páginas y llamado "Nosotros, los sobrevivientes, acusamos", fue entregado una semana después de que el Presidente chileno, Ricardo Lagos, divulgara un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que contiene el testimonio de cerca de 35.000 personas.
Lagos asumió la responsabilidad del Estado en las detenciones ilegales y torturas y anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para que cada una de las víctimas reciba una pensión mensual vitalicia equivalente a 112 mil pesos, más beneficios en salud, vivienda y educación.
El mandatario señaló que el informe tiene por objetivo entregar una reparación económica a las víctimas y no dar lugar a procesos judiciales, por lo que el texto no contiene el nombre de quienes cometieron las detenciones y torturas.
Miembros de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago dijeron que, para salir al paso de la postura oficial, se elaboró una lista de los responsables con el aporte de varias de las personas que declararon ante la comisión.
En la lista figuran los nombres de Pinochet, de integrantes de las Fuerzas Armadas, de los organismos represores y de civiles que colaboraron con el régimen.
Las denuncias contra estos últimos involucran a médicos y abogados, así como a instituciones como universidades y medios de comunicación, a los que acusan de no haber condenado las violaciones.
"Una vez conocidos los responsables, es deber del Estado, en cumplimiento estricto de los pactos internacionales ya suscritos y considerando el principio de continuidad del Estado, encausar a todos estos criminales y condenarlos de modo ejemplar", señala el documento.
El gobierno ha afirmado que a los tribunales les corresponde investigar las denuncias y que la intención del informe sobre prisión política y tortura no buscaba el inicio de procesos, aunque ha insistido en que cada persona es libre para elevar querellas.
