SANTIAGO.- Chile sólo ha cumplido en forma dispar o parcial el conjunto de recomendaciones y medidas anticorrupción que hace dos años entregó la corporación Chile Transparente, el capítulo chileno del organismo Transparencia Internacional.
Eso es lo que refleja el estudio Barómetro Nacional que elaboró Chile Transparente con motivo de celebrarse hoy el Primer Día Mundial Contra la Corrupción establecido por las Naciones Unidas.
Según explicó su presidente, Sebastián Cox las mayores deficiencias tienen que ver con tres temas: la declaración patrimonial de las autoridades públicas, la relación entre política y negocio y el ejercicio de la libertad de expresión, denuncias públicas y parlamentarias.
"No se ha hecho nada, ni siquiera en términos legales en lo que se refiere a la legislación sobre el lobby o conflictos de interés, que es una carga que soportamos y que es urgente que se regule y se le haga un seguimiento", explicó.
A juicio de Cox, Chile avanza de manera lenta en estas materias lo que afecta directamente el nivel de transparencia que como país debiéramos exhibir.
"Llevamos dos años y quisiéramos que (...) además de dictar normas se exigiera el cumplimiento de éstas", sostuvo el dirigente, ejemplificando con el tema de la declaración patrimonial la que si bien tuvo eco en el Ejecutivo y entre los parlamentarios, aún no ha sido aprobada como ley en congreso.
Chile Transparente también exigió al Ejecutivo "que lleve lo antes posible para su ratificación por parte del Congreso, el Tratado de Anticorrupción firmado en 2003 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas".
El estudio Barómetro Nacional se da a conocer en forma conjunta con el estudio Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional de acuerdo a la opción de más de 50 mil personas de 64 países, entre los que no está incluido Chile.
Según ese estudio, los
partidos políticos son las instituciones más corruptas del mundo, seguidos por los parlamentos, la policía y el sistema judicial.
Gobierno y Senado responden a estudio
En respuesta a este estudio el ministro secretario general de la Presidencia Eduardo Dockendorff defendió el trabajo del gobierno en torno a este tema y acusó implícitamente a la derecha por la negativa a aprobar el proyecto de ley.
"En lo que se refiere a probidad, nadie ha hecho más que los gobiernos de la Concertación desde 1999 hasta la fecha", explicó el secretario de Estado detallando las iniciativas gubernamentales, como el tema del financiamiento de campañas y control de gasto electoral.
"Toda la lentitud legislativa ha sido en parte porque no ha habido voluntad para avanzar en eso (...) en el caso sobre la declaración patrimonial, hubo una decisión cerrada de la oposición de no aprobar la ley (…) no es el Ejecutivo el que está en mora", afirmó Dockendorff.
Por su parte, el presidente del Senado Hernán Larraín rechazó la acusación del ministro y afirmó que "no me parece que podamos echar la culpa a uno u a otro. Es una manera de evitar el fondo del problema. Acá estamos todos promoviendo esta iniciativa".
