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Recurren a Corte Interamericana de DD.HH por acuerdo de Suprema

El diputado del PPD Antonio Leal y el abogado de derechos humanos Alfonso Insunza buscan dejar sin efecto la decisión del máximo tribunal de cerrar las causas de DD.HH. en un plazo de seis meses.

11 de Abril de 2005 | 16:50 | Orbe
SANTIAGO.- El diputado del PPD Antonio Leal y el abogado de derechos humanos Alfonso Insunza presentarán una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el acuerdo de la Corte Suprema de establecer un plazo de seis meses para cerrar las causas por violaciones a los DD.HH.

A juicio de los demandantes, la decisión del máximo tribunal viola el pacto de San José de Costa Rica, que ha sido reconocido por Chile y que tiene plena vigencia en nuestro país.

Así lo anunciaron ambos en el Palacio Ariztía, ocasión en que señalaron que la investigación de crímenes de lesa humanidad, y en particular la situación de los desaparecidos, no pueden tener plazo para el cierre de los sumarios.

Afirmaron que, de acuerdo a los propios artículos 73 y 79 de la Constitución, no se autoriza al pleno de ministros colocar término en forma genérica a los juicios, ya que esta atribución no se encuentra señalada en el artículo 59 que entrega a la Corte Suprema la Superintendencia directiva correccional y económica de todos los tribunales de la nación.

Agregaron que "el artículo 73 de la Constitución consagra el principio internacionalmente reconocido de la independencia de los jueces; es decir, -la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la Ley-".

El parlamentario y el abogado coincidieron con los ministros Benquis y Pérez, quienes conformaron la opinión disidente en el Pleno de la Corte, en orden a que no existe ninguna norma legal que autorice al Tribunal Pleno –que no se encuentra conociendo ningún recurso jurisdiccional que diga relación con todas o algunas de las causas– a tomar una resolución de este tipo y que carece de facultades para invadir las atribuciones privativas de los jueces y ministros de la Corte de Apelaciones.

Leal e Insunza señalaron, además, que este acuerdo del Pleno de la Suprema, que determina el cierre de las causas al 25 de julio de este año, tiende a favorecer la impunidad de aquellas personas que están inculpadas por haber participado en diversos crímenes y, por tanto, se atenta contra la posibilidad de que en Chile haya verdad y justicia.

"Hay que recordar que hubo ministros, como los señores Tapia y Gálvez, que plantearon terminar con los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos, lo cual evidencia la voluntad de una parte de los jueces de establecer la impunidad en materia de derechos humanos en nuestro país, lo que viene a reafirmar la gravedad de este acuerdo del Pleno", señalaron los demandantes.

Puntualizaron que las causas de derechos humanos se investigan especialmente a partir de la nominación de los jueces especiales y si éstas se han retardado en el tiempo, o algunas de ellas aparece paralizadas, es por la nula colaboración real y efectiva de los institutos armados.

El diputado Leal y el abogado Insunza argumentaron que el acuerdo del máximo tribunal viola explícitamente el artículo primero del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el libre ejercicio de los derechos; el artículo 8, que establece las normas del debido proceso; y el artículo 25, que dispone la protección judicial a las víctimas.

"Por tanto, habiendo aceptado Chile la plena competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta debe pronunciarse sobre la denegación de justicia", sostuvieron.

La presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hará oficialmente la próxima semana por correo.
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