SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema, a través de un comunicado público, manifestó hoy su preocupación formal a raíz de la "politización" que se ha generado en torno al procedimiento de asignación de sus integrantes.
Tras discutir ampliamente el tema en los plenos de ayer y hoy, los supremos sostienen que a raíz de los últimos hechos acontecidos "la aprobación de los candidatos propuestos por el supremo Gobierno pareciera estar siendo determinada no por sus méritos profesionales y personales, sino por la supuesta simpatía que se cree posible deducir de las resoluciones dictadas por ellos en asuntos jurisdiccionales con eventuales connotaciones partidistas".
En el acta N° 76 de 2005, que consta de tres páginas, los supremos sostienen que dicha situación "conspira contra la indispensable independencia que debe exigirse a los miembros de los tribunales de la República pretendiendo inducirles a determinados asuntos teniendo en cuenta la reacción que sus decisiones puedan tener en los distintos sectores del Senado".
Reforma al procedimiento
El Pleno de la Corte Suprema resolvió emitir una opinión sobre el actual sistema de selección de sus miembros luego que el Senado rechazara la denominación de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Margarita Herreros para llenar el cargo vacante que dejó la partida del ex ministro Humberto Espejo; y la situación que se produjo luego que se suspendiera la votación para ratificar el nombramiento del ya designado supremo Rubén Ballesteros.
En el acuerdo, los 19 ministros que actualmente integran el Pleno, se refieren a la conveniencia de reformar la Constitución para establecer que el acuerdo del Senado que se pronuncia sobre la propuesta del Presidente de la República, deba ser adoptado mediante una votación pública y fundada "que sólo podrá serlo en consideraciones concernientes a la idoneidad ética o profesional del respectivo candidato".
En el punto cuatro de la declaración, y tal como ya se había conocido, los ministros aconsejan a los ministros que sean propuestos por el Ejecutivo a que se abstengan de aceptar invitaciones a reunirse con los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Esto con la finalidad de velar por la independencia de los magistrados, puesto que a juicio de la Suprema, esas reuniones, "en el contexto en que han tenido lugar, han demostrado carecer de objeto, y al mismo tiempo, comprometen la imparcialidad y dignidad de los magistrados, los cuales en el curso de tales reuniones podrían verse forzados a emitir pronunciamientos que impliquen inhabilidades futuras o que limiten su libertad para fallar con arreglo a derecho".
Varios ministros del máximo tribunal habían manifestado su molestia por la citación de la que fueron objeto los magistrados aún cuando no hubiera certeza de su aceptación. A juicio de ellos, dicha situación resultaba indigna para los candidatos.
Algunos incluso se habían manifestado previamente por prohibir a los ministros concurrir a dichas citas.
En el acuerdo, los ministros Ricardo Gálvez y María Antonia Morales, dejaron constancia en una prevención de que la Comisión de Constitución del Senado carece de facultades para hacer concurrir a los magistrados a una sesión que calificaron como inquisitiva.
En otra prevención, los ministros Marco Libedinsky, Eleodoro Ortiz, José Benquis, Enrique Tapia, Jorge Rodríguez Aristía, Enrique Curi, José Luis Pérez y Jorge Medina, no concurrieron a aprobar el punto cuarto del acuerdo, por estimar que es una facultad del Senado efectuar reuniones cuya finalidad es formarse una opinión más completa de las cualidades y características del ministro elegido, para someterlo a votación.
