SANTIAGO.- En estudio dejó la Corte Suprema la decisión sobre el desafuero del general (r) Augusto Pinochet en el marco del caso Operación Colombo.
Tras los alegatos de esta mañana, que se extendieron por casi dos horas, los ministros permanecieron en la Sala de Pleno para analizar el caso, tras lo cual resolvieron reunirse nuevamente el próximo lunes para continuar con el estudio.
Sin embargo es poco probable que se adopte una decisión ese mismo lunes, puesto que algunos de los 16 ministros que hoy integraron el Pleno no acudirán al encuentro.
La audiencia de hoy fue presidida en esta oportunidad por el ministro José Benquis, debido a que el presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, se encuentra en comisión de servicio.
"Se acordó recibir un legajo con los antecedentes para estudiarlos, porque de la sola relación hay elementos que no nos permiten todavía decidir, sino que hacer un estudio previo. Una vez que tengamos esos antecedentes nos reuniremos para decidir lo que vamos a hacer al respecto. No hay ni siquiera acuerdo", explicó tras la jornada el presidente (s) de la Corte Suprema, José Benquis.
Los magistrados deben resolver si mantienen o no la decisión del tribunal de alzada capitalino que el 6 de julio pasado quitó el beneficio al ex gobernante por 11 votos contra 7, al considerarlo responsable de los secuestros y desapariciones de 16 víctimas, varias de las cuales formaron parte de la "lista de los 119".
Ante el estrado se presentó por Pinochet, el abogado Pablo Rodríguez, mientras que por los querellantes alegaron los abogados Hernán Quezada, Hiram Villagra y Boris Paredes.
Rodríguez: Pinochet no podía saber
Aseveró que no existen fundadas sospechas en contra del ex gobernante recalcó que él no tiene responsabilidad de los “excesos” que pudieran haber cometido agentes de los servicios secretos de la época.
Además dijo que no se puede aseverar que tenía conocimiento de todo lo que hacían estos funcionarios.
Rodríguez aseveró también que era imposible que el general (r) Pinochet supiera todo lo que ocurría en el país y que las acusaciones en su contra no son coherentes con los decretos que él mismo dictó, en los que normaba las formas en que debían ocurrir las detenciones y se castigaba a todo el que transgrediera dichas disposiciones.
El abogado se refirió además a los dichos del general (r) Manuel Contreras, sosteniendo que en el mismo proceso está declarado que la DINA no tuvo responsabilidad en los hechos de la denominada operación Colombo, por lo que no se puede deducir que Pinochet sí tenía información.
En su intervención, una vez más hizo referencia a que el general en retiro no está en condiciones de salud de enfrentar un proceso, lo que a su juicio, ya ha sido reconocido por exámenes médicos y por la propia Corte Suprema. Persecución política.
El profesional aludió además a la situación que enfrenta Pinochet en el caso Riggs, aseverando que no se han establecido ilícitos en su contra y que él no manejaba sus cuentas, sino sus asesores, uno de los cuales está procesado, en referencia directa a Oscar Aitken.
Querellantes: Pinochet controlaba las acciones de la DINA
En tanto por la parte querellante, el abogado Hernán Quezada recordó que para desaforar sólo se requieren fundadas sospechas de participación y recalcó que el general (r) Pinochet controlaba directamente las acciones de la DINA por lo que no podía no saber lo que ellos realizaban.
Asimismo aludió a la verticalidad del mando en el Ejército, lo que da cuenta que un subordinado no puede realizar labor alguna sin el visto bueno de su superior.
El abogado Boris Paredes, en tanto, recordó que los ilícitos que se le imputan a Pinochet son de lesa humanidad, por lo que se reconoce la responsabilidad del mando en las conductas que efectuaron los subalternos.
Para esto sostuvo que Pinochet "no tiene las manos manchadas con sangre, sino que el cerebro manchado con sangre".
El profesional recalcó que el ex gobernante pudo haber detenido los ilícitos que cometía sus agentes, pero no lo hizo. Además, leyó una declaración de uno de los procesados en la causa, que da cuenta que cada vez que trasladaba al general (r) Pinochet, éste le pedía reportes de lo que ocurría en la DINA y que en esas oportunidades él le contaba la verdad.
El abogado Hernán Villagra sostuvo que hay una comisión colectiva del delito que encabeza Pinochet y que para que exista un debido proceso se requieren funciones mínimas por parte del imputado como las que en este caso Pinochet tiene.
"Si le puede responder a un periodista, por qué no a un juez", cuestionó el profesional en referencia a la entrevista que Pinochet concedió a un canal de Miami.
