Latorre: Gobierno cedió a presiones de gremios microbuseros

SANTIAGO.- El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Juan Carlos Latorre aseguró que gran parte de los problemas que ha presentado la puesta en marcha del plan Transantiago se debe a que el Gobierno cedió a las presiones de los gremios de microbuseros.

"En el diseño original de Transantiago había ciertas exigencias que posteriormente fueron cambiadas, una de ellas es que no se iba a aceptar la presión de las nuevas 'micros amarillas', que lograron presionar lo que hoy está poniendo en crisis el sistema", dijo Latorre entrevistado por radio Cooperativa.

"Se aceptó la presión de gremios que alteraron ciertas exigencias que parecían como básicas para el funcionamiento de este gran esfuerzo de transformación en Santiago", agregó.

Consultado sobre los gremios que responsabiliza, el parlamentario dijo que se refiere a los que se transformaron paulatinamente en empresas, como el caso del grupo que encabeza el ex dirigente empresarial, Manuel Navarrete, entre otros.

Asimismo, Latorre sostuvo que la posibilidad mencionada por el ministro Sergio Espejo, de que el Estado intervenga a los operadores deficientes en el Transantiago, no contempla que la gente de todas formas necesita transportarse.

Latorre comentó que el Gobierno no previó cómo se reemplaza a un operador, porque a pesar a las sanciones se siguen cometiendo incumplimientos.

"Si el financista no puede asumir en ese momento la responsabilidad, la ley y el contrato siempre van ofreciendo otra alternativa pero no se deja todo en el aire como puede ocurrir en estos casos en que no se previó quién y en qué forma se reemplaza a un operador, que pese a una seguidilla de sanciones y multas sigue sin responder y sin cumplir el contrato que asumió", explicó.

"Le hice presente al ministro Espejo que los contratos que se habían firmado en el caso de las licitaciones para los operadores del Transantiago se había dejado una falta de resguardo para el interés público y del Estado en definitiva", añadió.

Sobre la posibilidad de que el Estado administre a aquellos operadores que no cumplan con los contratos, el diputado expresó que "no hay que escandalizarse frente a un hecho que pudiera tener sentido en situaciones críticas".

"Aquí no estamos hablando de un Estado interventor (...) sino de cómo se garantiza el funcionamiento de la ciudad", afirmó.