Viera Gallo consigue los votos para designación de contralor

VALPARAÍSO.- Su primer gran triunfo como negociador del gobierno se habría anotado el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien tras intensas rondas de negociaciones habría logrado asegurar los votos para que la carta del Ejecutivo, el abogado Ramiro Mendoza se convierta en el nuevo Contralor General de la República.

Aunque la propuesta se votará mañana en el Senado, el gobierno logró alinear a 15 de los 20 senadores oficialistas y a 15 de los 17 de la Alianza.

Para su aprobación, la iniciativa requiere 23 votos, por lo que la elección de Mendoza estaría virtualmente asegurada.

La designación del contralor ha estado trabada por 10 meses, luego de que la ex ministra Paulina Veloso se empeñara en proponer el nombre del abogado Pablo Ruiz-Tagle, quien nunca contó con la venia de la oposición, que en ese momento prefería un funcionario perteneciente a la repartición.

Además, cuando estalló el caso Chiledeportes y las denuncias por corrupción, las conversaciones entre la Alianza y el Ejecutivo sobre el futuro de la Contraloría se vieron suspendidas por más de tres meses.

Por ello, el cargo era ejercido en forma interina por Noemí Rojas.

Con la llegada de Viera-Gallo la agenda volvió a centrarse en la designación del contralor y en la reforma al sistema binominal.

Un contralor cercano a la derecha

Ramiro Mendoza (47 años) es abogado de la Universidad de Chile y experto en derecho administrativo, cátedra que dicta en las universidades Católica y de Los Andes.

Actualmente es socio del estudio Phillippi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner, donde está a cargo de la unidad Regulatoria y Administrativa.

Su nombre había sido incluido por Sebastián Piñera, en la propuesta que entregó en forma privada el ex presidenciable de RN a Paulina Veloso.

Su postura respecto a las funciones de la Contraloría se desprende de un artículo periodístico del 2000 a propósito de la maraña de normas que dificultan la definición de los "funcionarios de confianza", donde señaló que "la falta de precisión en la trama del Estado es la que crea incentivos perversos". Y agregaba que si la Contraloría ejerciera todas sus potestades no se necesitarían nuevas modificaciones legales para fiscalizar a las empresas públicas.

También fue pública su clara oposición a la píldora del día después cuando integró una lista de profesores de Derecho Constitucional, decanos de Derecho y profesores de Derecho Administrativo, que consideró inconstitucional la autorización del ISP para la venta y distribución del fármaco.