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Santiago: Sábado 27 de julio del 2024 | Actualizado 01:00
SANTIAGO.- Admisible declaró la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de protección presentado por el diputado de la UDI Felipe Salaberry y un grupo de vecinos de San Joaquín para evitar la expropiación que se produciría en la avenida Las Industrias de la comuna de San Joaquín, perjudicando, según ellos, un importante establecimiento educacional, viviendas y locales comerciales aledaños.
Según el dictámen y a través de la orden de no innovar, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó paralizar de inmediato cualquier intento de expropiación y le otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de la Vivienda para que le explique y dé a conocer las detalladas razones del por qué escogió una alternativa de expropiación "más cara" a otras posibilidades existentes y serían sustancialmente más baratas.
El diputado Salaberry lamentó que con la decisión del Gobierno de expropiar el colegio para habilitar una vía para el Transantiago, en donde pasará solo una línea buses, no sólo se está perjudicando a los alumnos y a sus familias, sino que también a decenas de viviendas y locales comerciales que se ubican en el lugar.
"Es increíble que se pretenda expropiar varias cuadras de avenida Las Industrias, perjudicando con ello a cientos de familias, alumnos y comerciantes, cuando al frente de la franja de expropiación que quiere implementar el gobierno, existe un bandejón central que cumple el mismo objetivo de ampliar esta avenida, que cuesta menos plata y que puede ser perfectamente expropiado", argumentó el parlamentario.
"El capricho de la autoridad dice que es mejor cuidar un pedazo de pasto que la educación de cientos de familias de la comuna de San Joaquín. Mejor cuidar un pedazo de pasto que cientos de fuentes laborales de gente que ha emprendido negocios en la comuna", añadió.
Salaberry valoró la decisión de la Corte, porque, destacó "busca determinar cual es la razón que tuvo el Ministerio de la Vivienda para tratar de imponer una expropiación extremadamente cara por sobre otras alternativas de mucho menor valor".
"Pretender expropiar un colegio que acaba de ser entregado en diciembre pasado y que costó casi mil millones de pesos, que tiene una matrícula de más de 700 alumnos, que tiene más de 60 años de existencia y que ha hecho un tremendo esfuerzo por entregarle una educación de calidad a los niños y jóvenes de San Joaquín, es realmente inconcebible, por decir lo menos", sentenció finalmente el parlamentario.
