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A.F.D.D. exige al Ejército indagar posible apoyo a Iturriaga Neumann

La presidenta del organismo, Lorena Pizarro, aseveró que lo que está ocurriendo con el ex comando "no puede dejar indiferente a nadie que verdaderamente crea en el Estado de Derecho".

19 de Junio de 2007 | 12:01 | Carolina Valenzuela, El Mercurio Online

SANTIAGO.- Un enfático rechazo a la actitud del general (r) Raúl Iturriaga Neumann y al apoyo que éste ha recibido de diversos círculos de oficiales en retiro del Ejército, manifestó hoy la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (A.F.D.D.) instancia que exigió al Ejército indagar si es que el prófugo ex militar ha recibido apoyo de la institución.


La presidenta del organismo, Lorena Pizarro, aseveró que lo que está ocurriendo con el ex comando, quien se niega a cumplir una condena por secuestro, "no puede dejar indiferente a nadie que verdaderamente crea en el Estado de Derecho, la Justicia y la institucionalidad democrática".


Por ello criticó duramente las declaraciones de los parlamentarios UDI, Jovino Novoa y Jorge Ulloa, quienes han dicho públicamente que lo ocurrido con Iturriaga es consecuencia de que la Justicia actúa sobre mentiras.


"Con sus dichos, ambos han quedado moralmente cuestionados para seguir siendo parte del Poder Legislativo", sostuvo Pizarro, quien exigió que los comités de ética de ambas cámaras actúen en este caso.


La agrupación demandó una mayor celeridad para dar con el paradero de Iturriaga e indagar y sancionar la responsabilidad que le cabe en su fuga al abogado defensor Jorge Balmaceda.


Junto con ello exigen ser recibidas en las próximas horas por el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, "quien debe investigar internamente si el prófugo ha recibido apoyo de personal en servicio activo, así como adoptar medidas concretas que den cuenta de la presidencia del Ejército con los procesados por delitos de lesa humanidad".


También pidieron que el Ejecutivo envíe a la brevedad un proyecto que anule el decreto de Ley de Amnistía y que la Corte Suprema y los tribunales del país no vuelvan a otorgar libertades bajo fianza u otras medidas cautelares a los imputados por violaciones a los derechos humanos.