Bachelet ante beneficio a lautaristas: "Fue una decisión de parlamentarios"

SANTIAGO.- En una intervención fuera de protocolo y poco antes de iniciar una actividad en una empresa de Colina, la Presidenta Michelle Bachelet solicitó hablar con la prensa para referirse a la banda que asaltó el Banco Security el 18 de octubre pasado y cuyas identidades se dieron a conocer ayer. 

"Son individuos que asaltaron un banco y asesinaron a un carabinero, quienes hacen esto son delincuentes y criminales y tienen que responder ante la justicia pues son hechos delictuales graves (...) Esperemos entonces que los responsables puedan estar a disposición de los tribunales lo antes posible para que se haga justicia", afirmó la Mandataria.

Respecto a las ex militancias subversivas de algunos de los asaltantes y el hecho de que hayan sido beneficiados con una ley aprobada por el Congreso en 2004, la gobernante se limitó a señalar que los sujetos son delincuentes que deben responder por sus actos y la legislación que los benefició "fue una decisión de parlamentarios".

"La verdad es que hoy día las personas tienen que responsabilizarse cada uno de sus actos, son delincuentes, son criminales y tienen que responder ante la justicia, pero lo más importante es que los policías han trabajado y han trabajado bien. Los tenemos identificados y esperamos pronto colocarlos a disposición de tribunales", enfatizó.

Juan Aliste Vega, uno de los cinco miembros de la banda que perpetró el asaltó la entidad bancaria donde resultó muerto el cabo Luis Moyano, se encontraba en libertad en virtud de una ley aprobada en el Congreso con los votos de la Concertación y de dos senadores de la Alianza, que favoreció, mayoritariamente, a extremistas del Movimiento Juvenil Lautaro y del Mapu-Lautaro.

En tanto, Marcelo Andrés Villarroel Sepúlveda, otro prófugo, cumplió 11 años y dos meses de prisión hasta el 28 de diciembre de 2003, cuando se le concedió el beneficio de la salida dominical.

Las legislaciones que beneficiaron a los lautaristas

En el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se dictaron dos leyes que beneficiaron con rebaja de penas a los presos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) condenados por delitos terroristas y por la ley de control de armas.

Ambas correspondieron a mociones de parlamentarios de la Concertación. La Ley 19.965, se originó en un proyecto de los ex senadores José Antonio Viera-Gallo (PS y actual ministro Secretario General de la Presidencia) y Gabriel Valdés (DC, embajador en Italia) y de los actuales parlamentarios Fernando Flores (ex PPD) y Mariano Ruiz-Esquide (DC).

Bajo el argumento de que era necesario coadyuvar a un clima de paz social y de cerrar las heridas del pasado, se estableció que quienes cometieron tales delitos entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 cumplirían como condena única diez años de presidio por todos sus crímenes y que por el saldo pendiente recibirían un indulto general.

Se estableció como condición que el beneficiario debía suscribir un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia. A la vez, que si reincidía en conductas terroristas o participaba en delitos comunes con pena de crimen, los tribunales -aparte de aplicarle la sanción que corresponda al nuevo ilícito- le sumarán los años indultados de la pena original.

En julio de 2005 se aprobó una segunda ley, la 20.042, que otorga los mismos beneficios y fijaba las mismas condiciones a un grupo de condenados de la CAS que había quedado al margen de la primera.

Este proyecto fue patrocinado por los entonces diputados socialistas Sergio Aguiló, Juan Bustos, Juan Pablo Letelier y Fulvio Rossi; los PPD Guido Girardi, María Antonieta Saa, Carolina Tohá y Esteban Valenzuela, y los DC Gabriel Ascencio y Edgardo Riveros (actual subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia).

Sólo dos senadores de la Alianza votaron a favor de ambos proyectos: Hernán Larraín (UDI) y Antonio Horvath (RN).