La desaforada diputada Laura Soto es una de las imputadas.
Nelson Olmos, El MercurioVALPARAÍSO.- Tras ocho días de postergación, esta mañana se inició el primer juicio oral por fraudes mediante el uso en campañas políticas de fondos de los Programas de Generación de Empleos (PGE) en la Región de Valparaíso.
El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso tendrá que determinar la responsabilidad que tuvieron en los hechos la desaforada diputada Laura Soto (PPD); su hija y concejal por Valparaíso, Marisol Paniagua; su ex yerno Uziel Valle; su jefe de gabinete Luis Gatica; su ex jefe de campaña Cristian Garrido; el ex Seremi del Trabajo José Manuel Mancilla, y los contratistas Luis y Sergio Vargas.
En la comisión del ilícito habrían utilizado dos proyectos denominados "de apoyo a gestiones administrativas de entidades públicas", por un monto de $ 9.468.000, para contratar activistas que trabajaron, entre septiembre y diciembre de 2005, para la campaña electoral de la entonces candidata a diputada Laura Soto González.
Para ello, simularon la contratación de cesantes-jefes de hogar, quienes debían realizar trabajos para diversos servicios públicos, supervisados por la empresa contratista "V y V" que administraban Luis Vargas y su hijo Sergio Vargas. Los trabajos nunca se realizaron, pero al menos 30 de los contratados, que recibieron salarios con fondos fiscales, habrían trabajado sólo en la campaña de Soto.
El Tribunal Oral estará integrado por los magistrados Christian Le Cerf Raby (presidente), María Cruz Fierro Reyes y María del Rosario Lavín. Además, fue nombrado como juez alterno Vicente Hormazábal.
Los acusados enfrentan cargos por delitos de fraude al fisco y estafa, en carácter de consumados y en calidad de autores.
La Fiscalía pide penas de cinco años de prisión para Mancilla, Soto, Paniagua, Gatica, Garrido y Valle, y de 541 días para los dos contratistas. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado pide 5 años y un día para Mancilla, la diputada Laura Soto y Uziel Valle.
La diferencia está en que si se acoge la propuesta del CDE estos tres acusados deberán cumplir prisión efectiva.