SANTIAGO.- La organización Amnistía Internacional (AI) lamentó este jueves el tercer rechazo que la Cámara de Diputados chilena hizo el pasado lunes a la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
"Al haberse ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y al incorporar en el derecho interno la tipificación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, entre otros, AI considera que no existen obstáculos jurídicos ni políticos que impidan la ratificación de dicha Convención", precisó la organización en un comunicado.
La organización recordó al Estado de Chile que al haber ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas el 2 de septiembre de este año, el país se comprometió a nivel internacional a acabar con la impunidad.
"También a definir la desaparición forzada como delito, además de establecer que debe ser juzgado por tribunales comunes y no por la justicia militar", añadió el documento.
Sostuvo que es imprescindible ahora que Chile forme parte de la Convención Interamericana , antecedente de la Convención de la ONU, y se comprometa igualmente a nivel regional.
"La ratificación y la implementación de esta Convención es importante para ayudar a poner fin a una violación de Derechos Humanos especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y entorno", explicó AI.
Aseguró que el Estado es responsable por la protección de la comunidad contra crímenes de lesa humanidad.
Recordó que solo falta Chile y dos países más de América Latina que no se han comprometido con este instrumento regional.
"Chile debe demostrar su compromiso con el sistema interamericano de Derechos Humanos que ha sido un buen precursor para erradicar futuras desapariciones forzadas", dijo Helena Marambio, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.
La ratificación de esta convención es uno de los reclamos que plantea la "Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario" promovida por más de 40 organizaciones nacionales, agregó Marambio.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue el primer instrumento jurídico en establecer mecanismos que permitieron dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente reconocidas por los Estados Partes interesados.
Fue adoptada el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano y entró en vigor el 28 de marzo de 1996.
