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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 22:21
SANTIAGO.- A 20 años de iniciada la investigación por la exportación ilegal de un cargamento de armas a Croacia, por parte de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), la Corte Suprema dictó sentencia contra 9 personas, entre ellas dos generales en retiro.
En fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal sentenció a 3 años y un día de presidio al general (r) de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos y al general (r) del Ejército Héctor Guillermo Letelier Skinner, por su responsabilidad como autores del delito de exportación ilegal de armas detectada el 30 de noviembre de 1991, en plena guerra de los Balcanes y cuando los países de esa región europea enfrentaban una prohibición de compra y venta de armas impuesta por las Naciones Unidas.
Letelier Skinner, quien en la época de la venta era director de la Fábrica y Maestranza de Armamentos del Ejército (Famae), fue condenado además a 541 días por haber entregado antecedentes falsificados al ministro en visita que indagaba los hechos.
A ambos, sin embargo, se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En tanto, el empleado civil del Ejército Ramón Vicente Pérez Orellana y el capitán (r) de la Fuerza Aérea Patricio Ernesto Pérez Villagrán, el brigadier (r) del Ejército David Fuenzalida González y el mayor (r) del Ejército Carlos Galvarino Sepúlveda Cataldo también recibieron 3 años y un día de presidio, aunque al primero se le suman 541 días por falsificación de instrumento público. También tendrán el beneficio de la libertad vigilada.
El capitán (r) del Ejército Pedro Araya Hermosilla y el civil Sergio Pollman Müller fueron condenados a 541 días de presidio y se les concedió el beneficio de la remisión condicional.
Por su parte, el civil Antonio Marón Sahd Salomón fue condenado a 541 días de presidio, con el beneficio de reclusión nocturna.
En cambio, la empleada civil del Ejército Carmen Gloria Molina Valdés fue absuelta por falta de participación, al igual que el general (r) del Ejército Carlos Enrique Krumm Rojas.
La investigación del proceso la inició, a fines de 1991, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Correa de la Cerda. Tras su fallecimiento el proceso lo siguió al ministro Ricardo Gálvez, magistrado que se declaró incompetente y traspasó la causa a la justicia militar.
Dicho tribunal dictó condena de primera instancia en 2004, pero la Corte Marcial anuló la sentencia y designó al ministro civil de ese tribunal Alejandro Solís para que indagara los hechos. El 28 de enero de 2008, Solís dictó sentencia condenatoria a ex uniformados y rebajó las penas, la que fue ratificada por la Corte Marcial el 9 de junio de 2009.
Tras ello, se presentaron recursos de casación que impugnaban el fallo de la Corte Marcial. Éstos debieron ser analizados por la segunda sala penal de la Suprema en la forma y en el fondo.
