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Santiago: Sábado 27 de julio del 2024 | Actualizado 01:00
SANTIAGO.- El abogado Raúl Meza, quien obra como querellante en el denominado caso Tsunami, informó que ayer recibió la respuesta por parte de la fiscal regional de la zona occidente, Solange Huerta, a la solicitud de que se cite a declarar como testigos al Presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para que detallen la situación que presenciaron la madrugada del 27 de febrero de 2010 en la Onemi y esclarecer quiénes no advirtieron a la población del maremoto.
"En concepto de este querellante, la fiscal Huerta, conforme a lo resuelto, no descartó la citación a declarar de ambas autoridades políticas del actual gobierno, la cual, en ningún caso será antes de que se presente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fines de este mes, la formalización de cargos en contra de determinadas personas y por cierto tipo de delitos", dijo el profesional.
A través de un oficio, la jefa regional del Ministerio Público -ante las peticiones de Meza- expresó que "la resolución sobre la solicitud de nuevas diligencias que pidan los intervinientes en esta etapa, sean abogados querellantes o abogados defensores, se resolverán todas ellas en forma conjunta, una vez concluido el estudio y análisis del informe policial" y añadió que "respecto a la solicitud de citación de su excelencia Señor Presidente de la República y el Señor ministro del Interior, ambos en actual ejercicio de sus cargos, se resolverá en su oportunidad".
El abogado querellante reiteró que tomar declaración a ambas autoridades es "de la mayor importancia", ya que a su juicio "el Presidente Piñera y el ministro Hinzpeter pueden decirle a la fiscalía qué autoridades de gobierno eran las que estaban tomando las decisiones el día 27-F de 2010 en dependencias de la Onemi, y en particular, determinar aquella que tomó la decisión de descartar a la población la presencia de un tsunami en las costas del centro sur del país".
Raúl Meza se encuentra preparando además una solicitud de incompetencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en virtud de la cual, se pedirá al órgano jurisdiccional que se abstenga de seguir conociendo los hechos ocurridos el 27-F de 2010, en consideración a que existen, en su concepto, delitos militares que son de competencia exclusiva y excluyente de la justicia militar de la Armada.
Para el querellante le corresponde a esta instancia castrense conocer sobre las eventuales responsabilidades penales por estos ilícitos militares, en particular, el incumplimiento de deberes militares y la denegación de auxilio que habrían cometido los funcionarios del SHOA.
