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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 11:28
El sacerdote, formalizado por abusos contra menores, junto a su abogado Luis Hermosilla.
Mauricio Pérez, El MercurioSANTIAGO.- El Ministerio Público aludió este miércoles a la influencia y poder del imputado al sacerdote John O'Reilly, actualmente formalizado por supuestos abusos sexuales a dos menores, para mantener en reserva la identidad cinco testigos protegidos del caso.
El argumento de la Fiscalía Oriente fue utilizado durante la audiencia realizada este miércoles, donde la defensa del religioso -encabezada por el abogado Luis Hermosilla- solicitó conocer la identidad de los cinco testigos protegidos que el ente perseguidor penal mantiene en reserva como parte de la prueba que pretende ofrecer en un probable juicio oral.
En la instancia, el persecutor Matías Moya basó su rechazo al requerimiento -entre otros puntos- a un inserto publicado el 25 de agosto en dos medios escritos de circulación nacional en apoyo al suspendido asesor espiritual del Colegio Cumbres, y que fue firmado por 1.084 personas, "muchos de ellos empresarios connotados y gente bastante importante en Chile".
El fiscal destacó que entre ellas destaca "el señor Herman Chadwick Piñera, primo hermano del Presidente de la República, hermano del ministro del Interior y actualmente presidente del Consejo Nacional de Televisión, organismo encargado de controlar el contenido de las transmisiones de los canales de televisión y de entregar fondos a los canales para los programas televisivos".
"Hay una segunda persona que es Nicolás Ibáñez, actualmente gerente de Walmart Chile, ente que controla la cadena de supermercados Líder a nivel nacional", agregó.
Las aseveraciones del fiscal fue refutada por Hermosilla quien emplazó al Ministerio Público a investigar las presuntas "redes de protección" que estarían apoyando al sacerdote, ya que, a su juicio, no existen y por tanto, dichas afirmaciones "son gravísimas" y debería ser materia de una nueva arista penal.
El fiscal Moya recalcó además que consta en los antecedentes incluidos en la carpeta de investigación una serie de documentos que establecen que la entidad religiosa a la cual pertenece el imputado, "es vengativa con quienes considera que han sido traicioneros".
Con todo lo anterior, el Ministerio Público estimó que no es posible dar a conocer las identidades de las cinco personas que han declarado ante la Fiscalía y cuyos nombres permanecen bajo reserva.
La primera de ellas, según se detalló, corresponde a una ex alumna del establecimiento que aseguró haber sido víctima del religioso en 1995, cuando ella tenía 10 años.
Un segundo testigo sería una funcionaria del mismo colegio, quien relató haber visto al sacerdote sacar a menores de sus salas, pero por miedo a perder su trabajo, prefirió mantenerse en el anonimato.
Una tercera persona es una apoderada del recinto, mientras que las dos últimas corresponden a dos ex alumnas y compañeras de la joven que afirmó haber sido violentada por O'Reilly.
El tribunal, en tanto, rechazó la solicitud de la parte acusada al estimar que el resguardo de los nombres no vulnera, en esta etapa procesal, el derecho a defensa.
La resolución del Cuarto Juzgado de Garantía fue cuestionada por Hermosilla, quien al término de la instancia enfatizó que "aquí sí se está vulnerando el derecho a defensa por parte del Ministerio Público al tomar declaraciones en forma arbitraria, dándole calidad de testigos en forma reservada a personas que no tienen derecho", puntualizando que la posición de la Fiscalía "es abusiva".
