Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 23:46
SANTIAGO.- El XI Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2013 de la Universidad Diego Portales, reveló la cruda realidad del aborto clandestino en Chile, recomendado su despenalización para terminar con "las situaciones de vulnerabilidad y violencia que afectan a las mujeres que buscan la interrupción del embarazo".
En el capítulo del estudio dedicado a este tema, y que fue elaborado por las abogadas Lidia Casas y Lieta Vivaldi, se concluye que "la penalización total del aborto en nuestro país constituye una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres".
Las investigadoras llegaron a esta conclusión tras acceder al testimonios de más de 40 mujeres que se realizaron abortos, a sus parejas y a enfermeras o doctores que han participado de estos procedimientos ilegales.
Estos relatos revelaron los graves riesgos a los que se expone una mujer que decide abortar, la cuales se ven obligadas a recurrir al mercado negro en busca de fármacos, como misotropol, cuyo acceso es contralado por mafias, o que son chantajeadas y estafadas en este proceso.
De acuerdo al estudio, les cobran desde 40 mil a dos millones de pesos para interrumpir su embarazo. Además, se exponen a situaciones sanitarias de alto riesgo, que atentan contra su vida.
Otra conclusión de este capítulo del informe, es que la persecución penal por abortar es reducida y selectiva, "siendo las mujeres pobres quienes resultan mayoritariamente castigadas".
De esta forma, según el estudio, la prohibición absoluta del aborto en Chile "violenta gravemente los derechos humanos de las mujeres, por lo que la necesidad de legislar al respecto se presenta como urgente y necesaria".
El informe 2013 incluye nueve capítulos a través de los cuales se examinan temas tan sensibles como los derechos de las personas transexuales, pasando por el derecho humano al agua –infringido en el caso de los habitantes del valle de Petorca–, y los derechos de los inmigrantes.
En uno de ellos, critica también la cobertura de enfermedades mentales en el sistema de salud público nacional, cuestionando "la mayor proporción de rechazo de las licencias médicas en comparación con otras patologías; la falta de financiamiento; su escasa representación en las garantías explícitas de salud, y los datos sobre discriminación territorial de acceso y falta de atención especializada a grupos vulnerables".
Agrega que el gasto destinado a salud mental en Chile (menor al 3% del presupuesto de salud) se encuentra muy por debajo de lo que destinan países desarrollados (aproximadamente 10%).
