Mineduc admite que tuvo limitaciones para investigar posible lucro en la U. Arcis

SANTIAGO.- Con fecha 28 de octubre, el Ministerio de Educación remitió a la Universidad Arcis la investigación que realizó por seis meses contra el plantel y en la cual, según consigna el documento oficial al que tuvo acceso Emol , la cartera no pudo analizar las sociedades comerciales privadas porque no son de su competencia.

Así lo establece el numeral 6 del documento, que dice que el Mineduc "conforme al marco legal que define el ámbito de su competencia en la materia, debe circunscribirse a un estudio de los aspectos formales de las operaciones (...) pues el análisis especializado y la calificación de las mismas, por tratarse de sociedades comerciales privadas, radica en el ámbito de otros organismos del Estado (...) como son por ejemplo el SII, el Ministerio Público, las Superintendencias y los Tribunales de Justicia".

Asimismo, reconoce –a través de la información proporcionada por la casa de estudios– los 9 millones de dólares que hizo llegar el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a la Universidad Arcis, por medio de un convenio de asistencia económica para sanear deudas a cambio de becas y servicios académicos.

Aquí, el oficio señala que "no se advierte lucro, ni ocultamiento de la información" por parte de la institución. Sin embargo, indica que "se desprende que los únicos responsables para el caso de existir incumplimiento del convenio son los prestatarios sociedad Nazareno S.A. y la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical)", ya que esas entidades fueron las encargadas de administrar los recursos y no la propia institución.

El convenio, suscrito en 2008, tiene un período de duración de 15 años a partir de esa fecha con un saldo pendiente de amortizar al 2013 de 2 millones de dólares.

Respecto de las supuestas utilidades que habría obtenido la Universidad Arcis o sus socios producto de las operaciones realizadas por la Inmobiliaria Libertad S.A., el texto dice que "de los antecedentes que se pudieron obtener no se ha podido establecer la existencia de transacciones que puedan configurar lucro".

Seguido de ello, el documento refuerza la idea en el siguiente planteamiento: "El hecho de que los informes requeridos al SII como al Banco Central, tuvieron resultado negativo y por ende, en el expediente no consta información tributaria que dé cuenta de transacciones irregulares o prohibidas".

En esa línea, advierte que "tampoco existen antecedentes jurídicos concretos que demuestren las vinculaciones (...) que respecto a la Universidad Arcis se le atribuyen a otras instituciones o sociedades". Acto seguido, aclara que "sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva por los tribunales de justicia", haciendo referencia a la demanda laboral que interpuso el sindicato contra la institución y sus nueve empresas relacionadas.

Otro elemento que consigna el informe es que el número de reclamos recibidos en la División de Educación Superior contra la universidad "se encuentra dentro de las tasas normales que se registran respecto de las instituciones".

Por último, remite al Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público los antecedentes, debido "a la existencia de operaciones relativas a transferencias de capitales a Chile, y otras transacciones comerciales en los que habrían tenido participación la Corporación Arcis e instituciones de carácter privado".

En conclusión, el Ministerio de Educación, si bien advierte de la crisis financiera del plantel, determina que "no revisten la magnitud y gravedad necesarias para constituir la causal de revocación de reconocimiento oficial ni la cancelación de la personalidad jurídica (...) sobre todo considerando que se trata de incumplimientos formales y esencialmente subsanables, los cuales están procurando ser corregidos, lo que demuestra al menos buena fe de su parte".