Rector UC: Ninguna ley nos obligará a contratar personas que realicen abortos

SANTIAGO.- "No hay ninguna ley que nos obligará a nosotros a contratar personas que realicen abortos en nuestra institución".

Con estas palabras, el rector de la Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, salió al paso de la polémica surgida de sus dichos respecto a ejercer la "objeción de conciencia personal" para rechazar el proyecto de ley de interrupción del embarazo, presentado el sábado por el Gobierno.

"La base de una democracia es aceptar a los que opinan distinto (...) Llama la atención de que esto genere polémica; polémica sería que yo como rector dijera 'sí estamos de acuerdo con esto, cuando es muy clara nuestra postura pro vida", afirmó.

En entrevista con "CNN Chile", Sánchez aclaró que "si este proyecto se aprueba -espero que no sea así- y si una madre está en riesgo en en alguna de las tres causales, nosotros la vamos a derivar a otra institución".

"Ningún facultativo entrará a nuestra institución sabiendo que nuestra institución no está de acuerdo con el aborto, porque atenta contra la dignidad y vida de la persona humana (...)  Por lo tanto, si se dá ese caso, ninguna mujer quedará sin cobertura y será transferida", añadió.

En ese sentido, el rector de la UC cuestionó al presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien sostuvo que la objeción de conciencia es para las personas y no para las clínicas.

"El diputado Andrade no comprende o no quiere hacerlo. He sido bien claro que la objeción de conciencia es individual y que nuestra institución tiene todo el derecho a poner declaraciones de principios y valores (...) Nadie está obligado a trabajar con nosotros", aseveró.

Y agregó: "Supongo que él, cuando adhiere al Partido Socialista, adhiere a una declaración de principios libremente, eso no significa que el partido lo esté obligando o coartando su libertad (...) Las personas que trabajan en nuestra institución trabajan libremente avalando nuestra postura pro y de defensa de la vida".

Sánchez, por último, se refirió la posibilidad de que en medio de la discusión de este proyecto de despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales (riesgo la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación) sea planteado el retiro de fondos que recibe la red de salud UC de parte del Estado.

"Si eso se planteara estaríamos dando un retroceso en nuestra capacidad de acoger a las distintas personas (...) Si esta propuesta quisiera segregar para sólo los que puedan pagar del sector privado, sería lamentable", dijo, recordando que parte de las prestaciones que entregan son para afiliados de Fonasa.