Marta Isasi declaró ante la Fiscalía por tres horas: He sido víctima de un ladrón

SANTIAGO.- Por tres horas declaró ante el Ministerio Público la ex diputada por Iquique Marta Isasi, en el marco de la investigación por cohecho que persigue la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente.

Al término del interrogatorio, la ex parlamentaria manifestó su "inocencia" respecto a los hechos que se le atribuyen, enfatizando que "he sido víctima de un ladrón que yo misma denuncié el año 2011".

Asimismo, aseguró estar "tranquila como siempre", reafirmando que fue ella quien puso todos los antecedentes de presuntos ilícitos cometidos por su ex asesor Giorgio Carrillo.

La diligencia estuvo dirigida por el fiscal José Antonio Villalobos, quien interrogó a Isasi -quien asistió acompañada de su abogado Juan Carlos Manríquez- en calidad de imputada luego que en agosto del año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en su contra por presuntos pagos irregulares recibidos de parte de Corpesca, controlada por el grupo Angelini.

En la instancia, la ex parlamentaria debía aclarar el pago de $25 millones que habría recibido en 2009 por parte del gerente de la empresa pesquera de ese entonces, Francisco Mujica, para que favoreciera a la compañía en la votación de la Ley de Pesca (2011).

En la causa, el ente persecutor también indaga las boletas que el jefe de gabinete de Isasi, Ulises Zavala Gutiérrez, entregó a la pesquera y que, de acuerdo a los registros contables, fueron emitidas entre 2010 y 2013 por servicios que no habrían sido realizados.

La ex parlamentaria, en tanto, expresó su disposición a colaborar en la causa y alzó el secreto bancario de su cuenta corriente, además de aportar una serie de documentos que serán incluidos en la carpeta investigativa.

Isasi también enfrenta otra causa penal luego que en mayo del año pasado fuera formalizada por fraude al fisco.

Dicho caso se encuentra radicado en la V Región y según le atribuyó la Fiscalía, la ex legisladora habría actuado de manera negligente en el control de asignaciones parlamentarias por un monto que asciende a $143 millones.