VALPARAISO.- El Gobierno ingresó este lunes al Congreso el proyecto de ley que fija los requisitos de la firma electrónica y los servicios de certificación de la misma.
A juicio del Gobierno, el mensaje se fundamenta en la revolución tecnológica, que supone para la "digitalización de la información y el conocimiento, la difusión mundial de (la red) Internet".
Según señala el texto legal, el Ejecutivo ha establecido una estrategia orientada a la "universalización del acceso a Internet, el desarrollo de la competitividad y la modernización de Estado".
En este sentido, el mensaje consigna la necesidad de ponerse al día en lo referente al comercio electrónico, de manera de potenciar un nuevo entendimiento del mercado y de cómo funciona en la sociedad actual. "Esta nueva forma de cómo funciona el mercado es parte de la nueva economía que se difunde por el mundo entero", dice el texto.
"La difusión del comercio electrónico mejorará la competitividad de nuestra economía y, al mismo tiempo, favorecerá el nivel y la calidad de vida de chilenos y chilenas, mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo mejor remunerados", recalca.
El proyecto de ley, presentado en la oficina de partes de la Cámara de Diputados, tiene como propósito principal sentar un marco legal que otorgue a los actos y contratos celebrados por medios electrónicos de comunicación, el mismo reconocimiento y proyección ante la ley que reciben los celebrados de manera convencional, es decir, en soporte de papel.
"Las actividades reguladas por esta ley se someterán a los principios de libertad de prestación de servicios, libre competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del soporte electrónico al soporte de papel", señala el articulado.
La iniciativa establece que los usuarios tendrán derecho a ser informados por el prestador de certificación, de las características generales de los procedimientos de creación y verificación de la firma electrónica.
La ley comenzará a regir seis meses después de la fecha en que se publique en el Diario Oficial.
